Un juez argentino amplió este jueves la acusación contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y volvió a pedir su arresto en la llamada causa de los cuadernos, en la que se investigan supuestos sobornos de empresarios a miembros de su Gobierno y el de su esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).

Según informaron fuentes jurídicas, el juez Claudio Bonadio, que dirige la mayoría de las causas en las que está acusada la actual senadora, amplió el procesamiento a Fernández y dictó o reforzó el de más de cien imputados en la parte del expediente en la que se investigan irregularidades en la concesión de obras públicas y otra vinculada con la renegociación de proyectos viales.

"En el marco de la causa de referencia se resolvió la situación procesal de 156 funcionarios y empresarios vinculados a la cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015", señala Bonadio.

Remarca que "su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático".

En su dictamen del jueves y tras haber recibido nuevas pruebas y declaraciones de acusados colaboradores, el juez imputa a la viuda de Kirchner, que no puede ser detenida por tener inmunidad parlamentaria, por los delitos de cohecho pasivo reiterado en más de mil ocasiones -la mayoría en calidad de coautora- y por admisión de dádivas en dos hechos.

Como ya ocurrió en las otras ocasiones en las que pidió que sea detenida -por la misma causa y en otra por presunto encubrimiento de terroristas iraníes- Bonadio solicitó al Senado que tramite el levantamiento de su aforamiento, aunque de nuevo no se prevé que la demanda prospere por contar la cámara alta con mayoría de legisladores peronistas, corriente a la que ella pertenece.

Bonadio también amplió los embargos fijados hasta ahora sobre los bienes y dinero de la expresidenta.

El exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el antiguo secretario de Obras Públicas José Lopez, ambos en el cargo durante todo el kirchnerismo y ya en prisión, son otros de los funcionarios a los que el magistrado amplía el procesamiento, así como a empresarios como Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente del país, Mauricio Macri.

"Como es de público y notorio, que el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, reconoció que su padre, Francisco Macri (fallecido el 2 de marzo pasado) también entregaba dinero ilegal a los funcionarios del anterior Poder Ejecutivo Nacional, en relación al otorgamiento de obras públicas", añade Bonadio en el auto.

El juez reitera que esta causa, en la que se investiga una asociación ilícita, refleja una "maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años".

Desde hace tiempo, la exmandataria, candidata a vicepresidenta en las elecciones de octubre próximo y que se sentó por primera vez en el banquillo el 21 de mayo pasado en otro juicio por corrupción, reitera que todas las acusaciones son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial.