Sarkozy anuncia un plan de ahorro público que pasa por suprimir 105.000 empleos

  • El objetivo es ahorrar 7.000 millones de euros en tres años.
  • El plan contiene 166 medidas para reformar la Administración.
  • Se reducirán las ayudas a la vivienda, el empleo y las empresas.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, durante la presentación de su plan de reforma de la Administración (REUTERS).
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, durante la presentación de su plan de reforma de la Administración (REUTERS).
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, durante la presentación de su plan de reforma de la Administración (REUTERS).
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha presentado este viernes un
plan para reformar el funcionamiento de la administración, con el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros en los próximos tres años, sobre todo mediante la reducción del número de funcionarios.

El plan, que se aplicará entre 2009 y 2011, contiene 166 medidas. La principal de ellas es la no sustitución de uno de cada dos funcionarios que se jubilen en esos años, lo que representará en total 105.000 empleos suprimidos.

No son los ahorros los que hacen la reforma, sino la reforma la que permitirá el ahorro
De la reducción de empleo se espera la mitad del ahorro programado, y el resto vendrá de la revisión de las políticas de intervención, en particular de
vivienda, empleo y ayuda a las empresas. También habrá una simplificación de las estructuras de la Administración central.

"El equilibrio de nuestras finanzas (públicas) en 2012 está a nuestro alcance, sin cuestionar la calidad y la eficacia de nuestras políticas públicas", afirmó este viernes Sarkozy al presentar el plan.
Francia cerró el 2005 con un déficit de 2,7% del PIB, y el "déficit cero" en 2012 es un compromiso que Sarkozy adquirió ante sus socios europeos.

Se restringirán las prejubilaciones

"No son los ahorros los que hacen la reforma, sino la reforma la que permitirá el ahorro", dijo hoy el presidente galo. Para disminuir el gasto, se controlarán mucho más los contratos subvencionados, que se limitarán a los demandantes de empleo, y se restringirán las prejubilaciones.

En el terreno de la vivienda, se rebajará el nivel de ingresos que da derecho a solicitar una vivienda social, a la que ahora tiene teóricamente derecho el 70% de la población, una proporción que bajará al 60%.

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