El acuerdo de la Mesa de Función Pública para los procesos selectivos del personal funcionario entra en vigor mañana

  • El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy el acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ratificado por el Consejo de Gobierno, por el que se regula el porcentaje aplicable a la fase de concurso de los procesos selectivos para personal funcionario correspondientes a las ofertas de empleo público y de estabilización de 2017 y 2018, y se establecen los criterios de valoración, que entrará en vigor mañana.

El acuerdo, adoptado el pasado 3 de mayo de 2019 entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y los representantes de las organizaciones sindicales SIEP, UGT y CSI-F, recoge que el 60% de la puntuación total del proceso selectivo corresponderá a la fase de oposición y el 40% a la fase de concurso, que realizarán únicamente aquellos aspirantes que hayan superado los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición.

El documento establece los criterios de valoración para la citada fase de concurso, recogiendo, por expreso deseo de la Mesa Sectorial de Función Pública, que los procesos selectivos derivados de los decretos de aprobación de estas ofertas serán ejecutados conjuntamente a través de una única convocatoria para cada cuerpo y/o especialidad.

Asimismo, se han armonizado los procesos selectivos con la regulación del porcentaje aplicable a la fase de oposición y a la fase de concurso y se han establecido los criterios de valoración de la segunda de estas fases, que se trasladará a las correspondientes convocatorias.

La consejera de Presidencia y Justicia en funciones, Paula Fernández, que fue la encargada de rubricar el acuerdo en representación del Ejecutivo regional, asegura que este acuerdo refleja la "voluntad del Gobierno" de impulsar el empleo público en la Administración y cumplir los compromisos fijados por el equipo de Gobierno en la pasada legislatura.

Además, ha reconocido el esfuerzo realizado por los representantes de los trabajadores para unificar posturas y consensuar un texto común en beneficio de los empleados públicos.

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