Dos años desde la caída del Banco Popular: miles de afectados sin respuestas

  • La entidad ha dejado de existir jurídicamente, pero sigue siendo protagonista de procedimientos judiciales.
  • Los juzgados han recibido un aluvión de demandas civiles reclamando la devolución de lo invertido en acciones.
Una oficina del Banco Popular en Madrid.
Una oficina del Banco Popular en Madrid.
César Cabrera / EFE
Una oficina del Banco Popular en Madrid.

Dos años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el Banco Popular se convirtiera en la primera entidad intervenida por la Junta Única de Resolución (JUR). Y un euro. Ese es el simbólico precio que pagó Banco Santander por hacerse con ella. Tantos meses después, siguen quedando muchas preguntas sin respuesta para los clientes.

¿En qué punto está el asunto?

Todavía hay abierto un extenso abanico de contingencias por la responsabilidad de lo acontecido en el banco con los 305.000 accionistas y bonistas que perdieron su dinero a raíz de esta actuación.

Los litigios se dirigen contra los antiguos gestores de la entidad y contra todos los organismos que tuvieron que ver en su resolución, como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la JUR.

Los juzgados españoles han recibido un aluvión de demandas civiles reclamando la devolución de lo invertido en acciones del banco y muchas de ellas ya han sido resueltas en sentido favorable para los consumidores, concretamente algunas que denunciaban irregularidades contables.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Popular llevó a cabo en 2012 una ampliación de capital de 3.000 millones de euros y cuatro años después realizó una segunda que justificó en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo este tiempo, su entonces presidente, Ángel Ron, defendió la situación "inmejorable" del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las "irregularidades contables" de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital.

A las autoridades de resolución se les cuestiona el modo en que se llevó a cabo el procedimiento. El FROB ha recibido 1.063 solicitudes por responsabilidad patrimonial en la resolución de Banco Popular, según su memoria de 2018, y existen otras reclamaciones en el mismo sentido contra el Banco de España y la CNMV.

¿Y los litigios?

Aunque la Audiencia Nacional ha admitido a trámite 262 recursos contencioso-administrativos contra el FROB, su tramitación se ha suspendido a la espera de una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR de resolver la entidad y que están a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea.

De su lado, la JUR está inmersa en un procedimiento de audiencia pública y debe decidir si cabe compensar a los accionistas y acreedores por la intervención, aunque de manera preliminar ya avanzó que no resultaría necesario, después de que el informe 'Valoración 3' de Deloitte concluyese que las pérdidas sufridas por los inversores hubieran sido mayores de haber seguido el procedimiento nacional de insolvencia.

El panel de recurso de la JUR concluyó su conformidad con el acceso a una versión censurada de la decisión de resolución de Popular y de los informes de valoración que utilizó para ello. Varios grupos de inversores han reclamado ante el panel que se publiquen los documentos completos.

¿Se ha abierto la vía penal?

Sí. De manera paralela, hay un procedimiento penal en marcha en el Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional en el que el Banco Santander ha sido desimputado, al considerar la Sala de lo Penal que la entidad cántabra no tiene ninguna responsabilidad penal como consecuencia de los hechos que se investigan solo por haber absorbido al banco resuelto.

Entre los investigados sí están los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como alrededor de una treintena de nombres vinculados a la entidad aún por confirmar.

Al sumario se ha incorporado el informe hecho público en abril por los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, quienes concluyeron que las causas de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, que sumaron 16.347 millones de euros, derivados de la pérdida de confianza de los depositantes por la mala evolución en Bolsa, la incertidumbre sobre los objetivos anunciados en la ampliación de 2016, los nuevos requerimientos de solvencia y noticias y declaraciones sobre la situación del banco.

¿Qué más documentos hay?

Los peritos también dictaminaron que las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 publicadas por Popular y reflejadas en el folleto de la ampliación "no respetaban determinados aspectos de la normativa contable", en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso, y que nada de lo anterior implica que el banco fuese inviable.

Otro de los últimos documentos incluidos ha sido un expediente sancionador emitido por el Banco de España a 41 antiguos gestores del banco como consecuencia de presuntos incumplimientos durante 2014 y 2017 de la normativa relativa a la consolidación prudencial y a los requerimientos de recursos propios.

¿Qué proceso se ha seguido con Banco Santander?

En la presentación de su plan estratégico, Santander anunció que recortaría en el medio plazo sus costes operativos en 1.200 millones de euros, de los que 250 millones corresponden a sinergias adicionales por la integración de Popular, que se suman a las sinergias de 500 millones a partir de 2020 con que contaba tras adquirir la entidad.

Han pasado dos años desde su resolución y Banco Popular todavía está en proceso de ser integrado en los sistemas del grupo Santander. Por el momento, se ha completado la integración tecnológica de las oficinas en las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

Está previsto que el proceso próximo mes de julio finalice el proceso de integración de las 1.584 oficinas procedentes de Banco Popular, si bien muchas de ellas serán cerradas en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Santander está negociando actualmente con los sindicatos y que contempla la supresión de 1.150 oficinas y 3.464 empleos.

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