La presentación del escrito se ha hecho efectiva el día en el que finaliza el plazo para presentar los escritos correspondientes. En este caso, según ha podido saber Europa Press, la Abogacía de la Generalitat acusa 'ad cautelam' a Camps y el resto de personas procesadas en la causa, pendiente de que se resuelva definitivamente su petición para que se complete la prueba pericial dado que, en la realizada por el Interventor, éste advirtió de que no tenía el "criterio técnico suficiente" para evaluar determinados aspectos.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de València, encargada del caso, ha denegado este mismo martes la petición de estas diligencias suplementarias y/o complementarias para la realización de este informe, decisión contra la que la Abogacía ha presentado un recurso de reforma en el que reclama la conveniencia de disponer de esa pericial y de que medios técnicos concreten si hubo desviación en los costes del circuito.

Aunque la Abogacía quería contar con un informe complementario para tener cerrados determinados aspectos, considera que existen indicios de delito para elevar un escrito de acusación, "sin perjuicio de que siga explorando todas las vías procedimentales oportunas en defensa del interés general".

La Abogacía había argumentado que conoció el informe del interventor de la Generalitat, en el que reconoce que "no se dispone del criterio técnico suficiente" para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados, cuando ya estaba cerrada la causa, por lo que solicitó diligencias complementarias para que se realizara ese análisis técnico.

No obstante, mantiene que hay "indicios suficientes" que establece la magistrada instructora en su auto de procesamiento a Camps para presentar el escrito de acusación por los delitos de prevaricación y malversación en relación a un circuito que el 'expresident' aseguró que "no iba a costar un euro" y que comportó un desembolso de unos 90 millones de euros, según se recoge en ese escrito de la instructora.

En su solicitud de diligencias complementarias, la Abogacía pedía que la magistrada acordara que los medios técnicos que correspondan determinaran si hubo desviación en los costes de la obra del circuito, que no pudo analizar el Interventor en su informe. Sin embargo, la magistrada, según han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas, ha desestimado esa petición porque la instrucción ya está cerrada y, por tanto, no es posible pedir nuevas diligencias.

La magistrada acordó, en un primer auto del pasado 2 de mayo, el procesamiento de Camps; del que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; del exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008.

La magistrada sostenía que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial y dio traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en el plazo de diez días formularan escrito de acusación, pidieran apertura de juicio oral, el archivo de la causa o solicitaran la práctica de diligencias complementarias.

POSICIÓN DE FISCALÍA

En el caso de la Fiscalía, ha pedido por dos veces el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que no existen elementos de prueba suficientes para calificar los hechos, a nivel de indicios, por los delitos de prevaricación -que sería administrativa y estaría prescrita- ni de malversación.

La Abogacía de la Generalitat también pidió el procesamiento de Belén Reyero, asesora de Camps y para la que la magistrada sobreseyó la causa, al considerar que no era una "convidada de piedra". La instructora se reafirmó recientemente en su posición de archivar el caso para ella, en la decisión de procesar al 'expresident' y cuestionó la actitud de Anticorrupción, al ser precisamente el órgano que interpuso la querella contra Camps que dio origen a este procedimiento.