La Fiscalía ha presentado este martes su informe final en el juicio del 'procés'. El fiscal Javier Zaragoza ha situado al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras en el primer puesto de responsabilidad. Ha definido al también diputado como el "motor principal de la rebelión" dado que es quien ejercía el "liderazgo" del procés y "quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera".

Junqueras: "Cinismo sin precedentes"

Zaragoza ha señalado que su liderazgo se de muestra en hechos como el que asumiese la vicepresidencia de la Generalitat, interviniese en el decreto de convocatoria del referéndum, declarado ilegal, e hiciese numerosos llamamientos a la movilización.

Además, ha recordado que, junto con el expresident Carles Puigdemont -huido en Bélgica- y el exconseller Forn, fueron advertidos por la cúpula de los Mossos de la "altísima probabilidad de accidentes violentos" y se les pidió desconvocar el 1-O.

Sin olvidar, ha proseguido Zaragoza, que dos de sus principales cargos políticos, Lluis Salvadó y Josep María Jové, fueron "los encargados de toda la infraestructura y desarrollo de las estructuras de Estado".

El fiscal ha cargado contra el "monólogo" que hizo Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal que ha tachado de "ejercicio de cinismo sin precedentes" pues defendió su actuación en aquel "mes insurrecional" al amparo de "un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional".

La agenda Moleskine

Zaragoza ha hecho referencia a la conocida agenda Moleskine de Jové y ha afirmado que, tal y como se mencionan en sus anotaciones, el exvicepresidente era "un partícipe cualificado de ese estado mayor del procés", pues estuvo presente en las reuniones en las que, según las anotaciones, se marcaron "el desarrollo de todo el proceso", así como "la valoración de que había que ir por la vía unilateral" para conseguir la independencia.

"Golpe de Estado"

Zaragoza ha responsabilizado a los acusados en el juicio de protagonizar "un golpe de Estado" entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y ha subrayado la "violencia" a lo largo de ese último mes "insurreccional".

El fiscal ha defendido la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal "no necesita violencia grave ni violencia armada"; el procés, ha dicho, fue "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público", por lo que no puede ser considerado una sedición.

Ha denunciado los intentos de convertir actos de violencia, intimidación y acoso en expresiones del derecho a reunión y manifestación cuando en realidad, según sus conclusiones, ha quedado probado que hubo "violencia física, compulsiva e intimidatoria".

El procés, ha continuado el fiscal para sustentar la acusación de rebelión, buscaba derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

"Pronunciamiento civil"

"Es más ni menos que un pronunciamiento civil de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado", apoyada en la movilización popular y en la colaboración de los Mossos en un momento trascendental como la jornada del referéndum, "imprescindible" para conseguir sus objetivos.

Zaragoza ha recordado un comunicado emitido en octubre de 2017 por las asociaciones de fiscales, que consideraron que con la declaración unilateral de independencia (DUI) se había consumado un "golpe" al Estado de derecho y al régimen de libertades fracturando el orden constitucional.

A su juicio, se puso en grave riesgo el orden constitucional y la violencia generada durante ese periodo fue utilizada como un instrumento para favorecer la DUI, apoyada en la presentación de España como un "Estado represor franquista y antidemocrático" en el contexto internacional.

Muestra de la gravedad del proceso, ha explicado el fiscal, es el gran despliegue de policías y guardias civiles en Cataluña en septiembre de 2017 o el discurso institucional que tuvo que pronunciar el rey para recordar la vigencia de la Constitución y las obligaciones de todos los poderes del Estado. "Tampoco esto es muy normal", ha recalcado Zaragoza.

Y se tuvo que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que no se utiliza para "un simple delito contra el orden publico", ha agregado.

Los Jordis, "reyes y señores"

La Fiscalía del Supremo ha definido al expresidente de la ANC y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como "los reyes y señores del orden cívico de Barcelona" que "impartían órdenes a los Mossos" y "condicionaron" la actuación de la Guardia Civil en otoño de 2017.

Zaragoza ha resaltado la responsabilidad de los Jordis, para quienes pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión.

Y es que el ministerio público considera que Sànchez y Cuixart "se convirtieron en los dueños del orden público" hasta el punto que los Mossos d'Esquadra dependían de sus decisiones y llegaron a condicionar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron desplegados en Cataluña.

"Lo anormal es que se concentren más de 40.000 personas con agresiones a Mossos no uniformados", ha dicho Zaragoza en relación a la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía.

Estado de excepción

Para Zaragoza, en el otoño de 2017 hubo un "estado de excepción de facto" donde las funciones de orden público fueron asumidas "por unos civiles".

Según la Fiscalía, la "movilización popular" aparece en todos los documentos como "una de las armas imprescindibles para empujar el desarrollo de todo este proceso" y en ella tuvieron una "participación importante" los Jordis.

Aparte de alentar a la protesta el 20-S, según Zaragoza, los Jordis fueron "los dinamizadores de toda la movilización popular para que se pudiera votar y para proteger las votaciones e impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad".

Ha destacado que la "excepcionalidad" se instaló en Cataluña, donde se produjo un "alejamiento de la ley" y se expulsó la Constitución: "La normalidad democrática se repuso el 27 de octubre", día en el que se aplicó el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Excepcional fue todo: las leyes de desconexión, el referéndum ilegal al amparo de legalidad suspendida, llamar a dos millones de personas a la calle para proteger un acto ilegal, que llegara a declararse la independencia y se intentara crear una república", ha zanjado.

"Liquidar la Constitución"

La Fiscalía ha acusado a los 12 líderes independentistas de "haber intentado liquidar la Constitución". El fiscal Zaragoza ha abierto el turno del informe del Ministerio Público en el juicio del "procés" dejando claro que "la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución".

El fiscal ha subrayado que la democracia española "no criminaliza a quienes defienden proyectos distintos a los planteados por la Constitución", como es el caso, pero ha precisado que defender la "supremacía de la voluntad popular por encima de la ley" está en la base de algunos oscuros episodios de la historia reciente.

Ha negado que se persiga "el voto", sino "incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales" como así sucedió el 1-O cuando el Govern y los entidades soberanistas "impidieron" la acción policial que debía cumplir el mandato judicial, por lo que "el uso de la fuerza necesaria es legítimo cuando no existen otros medios".

Forn y el "montaje de los Mossos"

La Fiscalía ha cargado duramente contra el exconseller de Interior de Joaquim Forn por su "actitud delictiva desde el principio hasta el final" al disponer del "control absoluto de los Mossos d'Esquadra en todo momento", cuya actuación el 1 de octubre de 2017 ha tildado de "montaje".

En su informe final ante el tribunal del procés, el fiscal Zaragoza ha destacado que Forn, que se enfrenta a 16 años de prisión por rebelión y malversación, controló siempre a los mossos como así lo acreditan los 15 correos que le envío el mayor Josep Lluis Trapero.

"Trapero comunicó todo para que todo estuviera controlado", ha señalado el fiscal, que ha mencionado las múltiples declaraciones públicas del exconseller a medios de comunicación en las que dejaba claro que "los mossos garantizarían que los ciudadanos pudieran votar" en "un referéndum con consecuencias jurídicas importantes".

En base a ello, ha continuado, puso en marcha un plan de actuación de los mossos con el fin de "simular que se cumplía el mandato judicial" y "facilitar el referéndum como querían las autoridades políticas de la Generalitat".

Para el fiscal, "todo el diseño fue un montaje" pues se sustituyó la parte dispositiva del auto del TSJ de Cataluña, que ordena impedir el referéndum del 1-O, por seis palabras que hacen mención a esa "normal convivencia ciudadana" en sus fundamentos jurídicos. 

Declaración de independencia

El fiscal les ha acusado de "haber desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional", sin que ninguno de ellos haya asumido responsabilidad alguna por lo sucedido en Cataluña, especialmente con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Al respecto, ha dicho que "las declaraciones de independencia siempre han sido declaraciones políticas que se han leído en diferentes lugares" y que en este caso se hizo "en el Parlamento de Cataluña ante cargos electos enfervorizados por el momento histórico que estaban viviendo".

Zaragoza ha elogiado la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de respaldar al Tribunal Constitucional (TC) en relación con el proceso soberanista ilegal catalán de 2017 al tiempo que ha criticado duramente el informe de un grupo de trabajo de la ONU contrario a la prisión provisional de los acusados.

Asimismo, el fiscal Zaragoza ha señalado que Junqueras trasladó, junto a sus compañeros de gobierno, al Parlament los resultados del referéndum para que declarase formalmente la independencia y diese pie a la "consecuencia jurídica obligada que era derogar la Constitución". También los "numerosos llamamientos a la movilización" para que "cientos de miles de ciudadanos fueron a votar el 1 de octubre".

"Incitación a enfrentarse"

La Fiscalía ha señalado que los líderes independentistas no se limitaron a convocar el referéndum ilegal sino que siguieron "un punto más" al "incitar a enfrentarse, exaltar a defender los colegios y a oponerse a las fuerzas de seguridad", una "violencia nada desdeñable" para conseguir sus objetivos.

"Ha sido probado que desde el 19 de septiembre hubo violencia, que fue suficiente para los objetivos que se habían trazado; sin ella no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en la hoja de ruta, los acusados lo sabían y llamaron a la ciudadanía a enfrentarse", ha señalado el fiscal Jaime Moreno, que se ha ocupado de argumentar la violencia que imputa a los acusados.

Moreno ha explicado que "la violencia sirvió para transitar determinados peldaños en la hoja de ruta", es decir, fue una "herramienta" para mantener el referéndum del 1 de octubre.

"No estamos ante un dolo eventual, con tal de no privarme del referéndum acepto el enfrentamiento; es un dolo directo: para que no se aborte el referéndum bien desconvocándolo yo o bien por las fuerzas de seguridad, me enfrentaré", ha precisado.

Para razonar su versión, Moreno se ha apoyado en las dos reuniones que mantuvo la cúpula de los Mossos con el Govern en las que advirtieron del riesgo de violencia y de enfrentamientos si no se desconvocaba el 1-O pero también en los múltiples llamamientos de los acusados a la población para enfrentarse a los agentes.

"Expolio de fondos"

En su turno, la fiscal Consuelo Madrigal ha defendido la acusación de malversación para los principales dirigentes de "procés" y ha acusado a la Generalitat de dejación de funciones al no defender sus intereses ante la justicia y encubrir así "el expolio perpetrado en sus fondos".

Madrigal se ha encargado de justificar la acusación de malversación y ha estimado que los exmiembros del Govern que se sientan en el banquillo actuaron como "una organización criminal".

"El inmenso derroche de fondos públicos" que protagonizaron, ha denunciado, no solo perjudicó a la hacienda publica española y catalana, sino que "fue un execrable ataque al Estado democrático social y de derecho".

Madrigal ha criticado con dureza que la Generalitat no se haya personado en defensa de sus intereses: "Es una evidencia escandalosa del control que el entorno de los acusados sigue ejerciendo sobre la administración catalana, cuya dejación en defensa de sus intereses es, como mínimo, un encubrimiento del expolio perpetrado en sus fondos".