Arranca el juicio oral contra el exdelegado de la Xunta en Ourense, por supuesto fraude de fondos europeos al certificar una obra no realizada cuando todavía era alcalde de Arnoia. Veite años después de los hechos, Rogelio Martínez sostiene "las subvenciones se destinaron para el fin indicado".

La sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha sentado este lunes en el banquillo a Martínez junto con otros 10 acusados, en una primera jornada en la que las defensas han intentado que el tribunal archive el caso al considerar prescritos los delitos. Este martes, Mañana el juez resolverá si algún acusado queda fuera de la causa.

Los hechos se remontan a 1999, a raíz de la presentación de un proyecto de construcción de una planta de biomasa en el Ayuntamiento de Arnoia al amparo del Plan Leader II, por un importe de 13 millones de pesetas (78.131,57 euros) y que finalmente no llegó a ejecutarse.

La Fiscalía entiende que no existen indicios de delito, por tanto, el procedimiento sólo cuenta con la acusación popular, encarnada en la Asociación para el Progreso do Ribeiro y vinculada al PSdeG.

Concretamente, se acusa al exdelegado de la Xunta en Ourense por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. "Todos ellos relacionados con la nefasta gestión de recursos públicos", ha señalado el letrado de la acusación, Jorge Arcos Álvarez.

"Estamos convencidos de que, tal y como dijo la Fiscalía desde el primer momento en sus informes, no hay indicios delictivos y, en caso de haberlos, estarían prescritos en el momento de presentar la denuncia", ha declarado a los medios Rogelio Martínez, minutos antes de su entrada en la sala. Rogelio Martínez ha manifestado que "en todo caso, la responsabilidad mayor será de quién recibió los fondos".

Por este motivo, se ha quitado toda culpa al afirmar que él "lo único" que hizo "fue concederlos, puesto que existían informes y facturas que indicaban que el proyecto estaba ejecutado". Es más, el exdelegado ha abundado en que "por parte de los órganos intermediarios, tales como la Xunta de Galicia, no se hizo ninguna objeción a este asunto".

Asimismo, se ha mostrado "confiado" en que la justicia "pondrá fin a este episodio" que se dilata en el tiempo.

LAS DEFENSAS PIDEN LA PRESCRIPCIÓN

Las defensas de los 11 acusados han aprovechado el turno de las cuestiones previas, en la primera sesión del juicio, para sostener los argumentos por los que solicitan la prescripción de los delitos.

Además, consideran que la acusación popular carece de legitimidad al estar sostenida en "una Asociación constituida ad hoc y a la que no se le conoce ninguna otra actividad más allá de esta causa" y entienden que lo que hace es "tapar la verdadera intención de un partido político".

Los letrados encargados de la defensa también han hecho hincapié en que la Fiscalía solicita el sobreseimiento.

A su vez, han subrayado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no apreció la comisión de ningún tipo de delito. Por este motivo han sostenido que "no procede ni siquiera continuar con esta causa".

"UNIDAD DELICTIVA"

Por su parte, el letrado de la acusación popular, Jorge Arcos, sostiene que no cabe prescripción individual puesto que "existe una unidad delictiva y, en estos supuestos, la causa prescribe de modo conjunto".

A su vez, ha manifestado que "para hablar de prescripción es necesario tener la calificación definitiva de los hechos" y que "a la prescripción debe dársele un tratamiento excepcional".

El abogado ha explicado a la prensa que el hecho de que "se inicie un juicio oral 20 años después de ocurridos los hechos objeto de enjuiciamiento denota de por sí que falló todo el procedimiento".

De todos modos, ha declarado que mantienen la acusación porque "hay indicios y así lo dijo la propia Audiencia Provincial de la comisión de esos ilícitos penales".