Según la denuncia, contra este vecino se levantó acta en noviembre de 2017 por la Policía Local, y ante los agentes habría justificado su actuación diciendo "de forma literal: que le preguntemos a Ismael, el cual le dio permiso".

El decreto del fiscal de Medio Ambiente, consultado por Europa Press, acuerda presentar denuncia al Decanato de los Juzgados de Almería después de la prueba practica en el marco de las diligencias de investigación que se incoaron hace ocho meses a raíz de la denuncia del actual equipo de gobierno en funciones.

El escrito presentado al Ministerio Público indicaba que Torres (PP), quien ganó las elecciones de 26 de mayo con mayoría simple, "rechazó firmar" una providencia de Alcaldía para que por la secretaria se emitiera el correspondiente informe sobre la legalidad o no de la obra y que por los servicios técnicos se emitiera informe sobre si procedía adoptar medidas de protección urbanística.

"La firma de tal documento fue rechazada por Torres, quien no lo firmó y, por lo tanto, no ordenó la tramitación de la mencionada providencia, evitando por tanto la elaboración de los informes jurídicos del secretario del Ayuntamiento y los técnicos del área de Urbanismo", remarcaba.

La denuncia de la actual corporación socialista en funciones, que hacía hincapié en que esta situación se sostuvo "más de un año" hasta la moción de censura que desalojó al alcalde del PP, calificaba como "muy significativo y susceptible de sospecha" el que Torres "se negara a firmar el impulso del procedimiento y este terminara en la revocación del mismo cuando, desde la Policía Local, se le está advirtiendo de una presunta ilegalidad".

"No es concebible la forma de actuar, obviando velar por el interés general y no permitiendo que se investigara por los servicios técnicos las irregularidades acreditadas por la policía municipal", señalaba para añadir que "tampoco es aceptable que no permitirá la elaboración del informe jurídico del secretario sobre si existe o no licencia u orden de ejecución para llevar a cabo el restablecimiento del orden jurídico perturbado".

El escrito vinculaba, asimismo, "la inactividad del órgano competente" para dar impulso al procedimiento ya que Torres también ostentaba la titularidad del Área de Urbanismo con el "hecho de la manifestación del promotor de la obra el cual de forma literal a los agentes dijo 'que le preguntemos a Ismael, el cual le dio permiso".

"Se ha obviado la instrucción de un expediente susceptible de ser constitutivo de una infracción urbanística grave ya que se trataba de la construcción de dos viviendas con obra sin presentar licencia ni proyecto", subrayaba para concluir que el exalcalde "lejos de actuar en defensa del interés público, lo hizo llevado por una motivación personal".

El equipo de gobierno del PSOE en funciones presentó otra denuncia contra Torres que ha sido judicializada en relación a presuntas irregularidades en unas facturas por un montante global de 1,4 millones de euros.