Según ha explicado a su salida de los juzgados uno de ellos, José Luis Melero, han tomado esta decisión porque, según ha dicho, desconocen de qué se les acusa.

Los directivos de la antigua Imelsa que han comparecido este lunes ante el juez que instruye el conocido como 'caso Alquería' son los cuatro que nombró Compromís: los responsable de las áreas de Turismo, Pau Pérez, concejal de Compromís en Oliva; de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación, Josep Lluís Melero, edil de la coalición en Silla; de Medio Ambiente, María Soledad Torija, y Raúl Ibáñez Fos, de Compromís per Sueca, responsable de Administración General.

El próximo viernes será el turno de los cargos investigados que corresponden al PSPV y, en principio, con esto todas las diligencias previstas en la instrucción del caso ya habrán sido completadas.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines, además de los nueve directivos contratados supuestamente de manera irregular.

ADSCRITOS O VINCULADOS A LOS DOS PARTIDOS

En siete de los nueve casos, un informe de la UDEF consideró que parece que las contrataciones se hicieron bajo la modalidad de personal de alta dirección como "fraude de ley" para evitar la aplicación de los principios contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, "consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas" a Compromís y PSPV, al frente de la Diputación.

De acuerdo con este informe, cada una de estas contrataciones supuso un coste aproximado de 70.000 euros anuales para Divalterra, con lo que se calcula que el potencial perjuicio ocasionado a la sociedad dependiente de la corporación provincial y durante el tiempo que desarrollarían los cargos sería de unos dos millones.

El informe añadía que de acuerdo a informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia que llevó a Fiscalía a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta dirección no se ajustan a los requisitos por lo que "además de producir una vulneración evidente de la ley supone asimismo una utilización instrumental de la misma" para hacer una contratación de personal "directa y partidista" sin concurrencia de principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia. Además, sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejercía funciones directivas en materia de contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía un incremento ni en la evolución de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contratación.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas -excepto esa última- son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Asimismo, consta en el informe de la UDEF que bajo una "clima de presión" sobre el personal técnico y laboral de Divalterra se "impuso" por orden del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la contratación de los dos últimos investigados. La última de estas personas, además, no llegó a desempeñar el cargo.