Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que señalan que la alternativa que se les propuso era la que los profesionales de servicios sociales veían como más adecuada, una vez analizadas las circunstancias personales del caso.

En cualquier caso, desde el Principado señalan que la voluntad de las administraciones es evitar esas situaciones en casos de vulnerabilidad social. "Por tanto, hasta que llegue la fecha del desahucio se seguirá trabajando para que la pérdida de hogar no se produzca por falta de respuesta pública", han señalado.

Han explicado que desde que está en vigor el convenio suscrito entre el Principado, los juzgados y los ayuntamientos, todos los casos de desahucio se abordan coordinadamente entre las instituciones con el fin de dar respuesta a las situaciones de dificultad y evitar que personas en situación de vulnerabilidad social se queden sin vivienda por carecer de alternativas.

Este caso, que afecta a una familia de cinco miembros, entre ellos dos menores de edad, fue hecho público por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyos miembros protagonizaron este jueves una concentración de protesta frente a la Consejería. Decían que sus únicos ingresos eran de 800 euros al mes, correspondientes a la renta social asturiana, el Salario Social Básico (SSB) y otras ayudas menores que no les permitían hacer frente a los gastos.

Sin embargo, las autoridades implicadas han negado dejadez alguna en este caso. No sólo el Gobierno de Asturias, también el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dicho que en este caso se están cumpliendo todos los protocolos vigentes y que incluso se suspendió un anterior lanzamiento para que la evaluación de las circunstancias fuese lo más precisa posible.

Por su parte, la concejala en funciones de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha destacado la coordinación existente entre las administraciones, que se ha ido mejorando para estos casos y, en consonancia con lo afirmado por el Principado, también ha dicho que se han planteado alternativas.

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