"De hecho, el caso es un desahucio de una vivienda de alquiler por impago de la renta, del que fue suspendido un anterior lanzamiento, precisamente para la valoración de manera absolutamente precisa de la situación de posible exclusión social y vulnerabilidad de la familia afectada", han indicado desde el Tribubal Superior.

Así, han destacado que sólo cuando se ha acreditado que se ha llevado a cabo dicha valoración, tanto por los Servicios Sociales del Ayuntamiento como por los del Principado, ambos con sendos informes negativos respecto a la procedencia de concederles una vivienda de urgencia, es cuando se ha señalado nueva fecha para poner la vivienda a disposición del titular de la misma.

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