El colectivo, en un comunicado recogido por Europa Press, tras conocerse las actas de ETA sobre la negociación, ha apuntado que estos documentos ponen de manifiesto la "inexistencia de una derrota de ETA" y por el hecho de desarrollar un proceso negociador considera que ambas partes daban por válida una solución "basada en cesiones mutuas y no en derrotas".

A su juicio, de las actas se deduce "que ETA ha obtenido un premio por su pasado criminal, y además ha logrado rentabilizarlo en el terreno político", algo que ha recordado que las asociaciones de víctimas denunciaron en su momento, algo por lo que se las "criticó duramente".

Por ello, la AVTCyL ha expresado su rechazo a la cesión del Gobierno de España "ante los criminales independentistas" por suponer una "quiebra" del Estado de Derecho.

"El Gobierno, que debía ser garante del estricto cumplimiento de la Ley, sin embargo optó por la presión política a algunas instituciones del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Guardia Civil o Instituciones Penitenciarias para, lejos de castigar a los asesinos, premiarles por dejar de matar", ha afirmado la Asociación.

BENEFICIOS CARCELARIOS

Asimismo, ha rechazado de nuevo la derogación de la doctrina Parot que dejó en libertad a un elevado número de "criminales" y las medidas excepcionales y la flexibilización penitenciaria a los condenados por delitos de terrorismo, al tiempo que ha insistido en el mantenimiento de la prisión permanente revisable para estos delitos.

La AVTCyL también ha rechazado la presencia en las instituciones de partidos que "formaron parte del entramado de ETA y que todavía no han condenado su actividad criminal" y ha censurado "todo pacto político con ellos", especialmente en aquellos aspectos en los que, como la anexión de Navarra al País Vasco, fue "utilizada por los asesinos como argumento para matar".

En esta línea, ha exigido al Gobierno de España "el regreso al Estado de Derecho, al cumplimiento estricto de la norma, y que explique con claridad si el acuerdo con ETA en el que se compromete a no detener etarras sigue en vigor e implica una renuncia a esclarecer los más de 300 asesinatos que quedan sin resolver".

De la misma forma, ha exigido la "vuelta a la legalidad" en aquellos lugares de España en los que "todavía se cometen delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas" que han recordado que, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) se elevan a 198 durante 2018.

"Por fin, exigimos que, la condena al terrorismo implique la condena penal de los terroristas, pero también la condena social y política a los objetivos por los que han sufrido las 7.265 víctimas de ETA en nuestro país, de las cuales 702 tienen residencia en Castilla y León", ha concluido la Asociación.

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