La expareja de la trabajadora de la fábrica de Iveco que se quitó la vida tras difundirse entre sus compañeros un vídeo sexual suyo de hace cinco años, se entregó este jueves voluntariamente en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, la localidad madrileña en la que reside. Posteriormente, tras ser trasladado y declarar ante la Jefatura Superior de Policía, ha quedado libre y sin cargos.

"Se ha presentado en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, pero se hizo cargo de la investigacion la Policía Nacional", informaron esta tarde fuentes de la Benemérita a 20minutos.es sobre este hombre, que se consideraba el principal sospechoso en la investigación. Por el momento no se ha tomado ninguna media contra él, aunque su situación podría cambiar en el transcurso de la investigación.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares había abierto este mismo jueves diligencias previas por la presunta comisión de los delitos descubrimiento y revelación de secretos. La jueza que se encargó del levantamiento del cadáver es la misma que ahora investiga el caso.

La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.

La difusión del vídeo comenzó hace un mes

Fuentes de la investigación han confirmado que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente. De hecho, no existiría un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde "dentro de la propia empresa".

El presunto responsable sería posiblemente el hombre que se ha entregado este jueves, un compañero de trabajo con el que la víctima tuvo algún tipo de relación sentimental en el pasado. La Policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid) y ahora toma declaración a este sospechoso.

[A FONDO: ¿Quién es responsable penal del envío de vídeos sexuales sin consentimiento?]

El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.