Autopista rescatada
Imagen del peaje en una autopista rescatada por el Estado. OHL - Archivo

El Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que tendrá que abonar el Estado a los dueños de las concesionarias de las nueve autopistas quebradas por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción.

La cifra máxima por las obras de construcción asciende a 2.917 millones y la de expropiaciones de terrenos a 388 millones, según la resolución de Fomento que establece el método para el cálculo de la RPA y que publica este viernes el Boletín Oficial de Estado (BOE).

A estas cantidades hay que sumar el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías y que, según la resolución, queda pendiente de determinar.

Por otra parte, de la cifra de obras y expropiaciones no amortizadas (vía peajes) se restarán las inversiones que se consideran necesarias para la "puesta a cero" de estas autopistas o coste de reposición.

Según una auditoría encargada a Ineco, las autopistas rescatadas requerían inversiones de, al menos, 317,6 millones hasta 2022, tanto para su puesta a punto como para hacer frente a nuevas actuaciones.

En octubre de 2017, el Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores.

La estimación de RPA se rebajó posteriormente a 1.800 millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos 4.500 millones, de los que 400 corresponderían a intereses de demora, y la patronal de concesionarias y constructoras Seopan en 4.032 millones (a fecha de diciembre de 2016).

Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y mantenimiento.