Desde el ayuntamiento se considera que desde el inicio del proceso el Consistorio ha antepuesto los intereses de los ciudadanos de Alcalá a los específicos de un contratista que "de forma unilateral", que ha incumplido el pliego de la concesión contractual que existía, decidiendo el cierre unilateral de las instalaciones deportivas que gestionaba.

Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, "esta forma de actuar, calificadas en un informe del Consejo Consultivo de Andalucía de resolución culpable, da a conocer la verdadera intención de Sato Sport desde que entabló contacto con el Ayuntamiento y que no era otra que las arcas públicas municipales asumieran económicamente una gestión privada".

En este sentido, desde el Consistorio han insistido en que se salvaguarda el interés general de la ciudad y, por tanto, ha recordado que "las empresas privadas deben ser conscientes de las contingencias propias del negocio que emprenden, porque socialmente no es admisible que cuando una concesión aporte beneficios, éstos sean exclusivos para estas entidades privadas, mientras que cuando arrojan pérdidas pretendan que sean asumidas en exclusiva por las arcas públicas".

Desde su punto de vista, "esta forma de proceder supondría que la iniciativa privada dejaría todos los riesgos en manos públicas, sin que esto pueda ser admisible en una economía social de mercado".

Por todo ello, los argumentos que Sato Sport ha aportado en su demanda ante los tribunales "carecen de peso y rigor, puesto que los acuerdos que dicen se plantearon nunca fueron ratificados por los órganos municipales con competencia para ello y, sin embargo, si se aprobó, tanto en la Junta de Gobierno como en el Pleno de la Corporación municipal, la resolución del contrato en un procedimiento que se considera correcto y que garantiza la defensa de los intereses de los vecinos de Alcalá".

Por último, el Ayuntamiento de Alcalá ha asegurado que continuará trabajando para que, de forma inminente, las instalaciones deportivas, que ya están en manos públicas, puedan ser utilizadas por el conjunto de la ciudadanía.