La Plataforma Integral del Taxi presentará la semana que viene en la Audiencia Nacional unas 2.000 querellas contra Uber y Cabify, empresas vinculadas y sus directivos por ocho delitos penales, concretamente manipulación para alterar el precio de las cosas mediante engaño, administración desleal, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores en dos modalidades, blanqueo de capitales y estafa.

En total, según el portavoz e Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, son penas que podrían sumar hasta 58 años de prisión en caso de ser condenados.

La querella será contra las dos plataformas, 11 empresas vinculadas (entre ellas Vector Ronda, Prestige & Limousine, Moovecars y Ares Capital, además de 15 personas, como el CEO y fundador de Cabify, Juan de Antonio.

Además, estudian hacerlo contra el presidente de la Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch.

Tito Álvarez ha señalado que no descartan querellarse también contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad Catalana de la Competencia, a los que ha acusado de "ayudar de forma descarada a crear oligopolios" y limitarse a poner "multillas para quedar bien" de cara al sector del taxi.

El objetivo de Élite Taxi es interponer querellas similares en otros países de Europa: "Queremos acabar con este capitalismo de plataforma que lo que hace es llevarse el dinero de todos y esclavizar a los trabajadores", ha criticado Álvarez.

El abogado y exjuez Elpidio José Silva, que representa a los 2.000 taxistas querellantes, ha afirmado que Uber y Cabify forman parte de una "trama criminal" y que se presentan como empresas mediadoras, algo que "no tiene fundamento", ya que se deben identificar como empresas de transporte.

En base a lo que considera "un relato engañoso", el exjuez ha explicado que estas empresas funcionan con una "dinámica de estafa" en la que cobran tarifas de mediación desconocidas para los usuarios de VTC, "que pueden ser hasta cuatro o cinco veces más altas de lo normal".

El abogado también acusa a estas compañías de llevar a cabo otras prácticas como la contratación de falsos autónomos e incluso el impago del IVA.

Ha criticado, asimismo, que comunidades autónomas como Madrid o Andalucía no están aplicando la normativa aprobada por el Gobierno central para regular el sector de VTC.

La previsión es que la querella se presente la semana que viene en la Audiencia Nacional: "Creemos que el taxi va a reaccionar favorablemente y esperamos que la justicia española sea capaz de reaccionar e investigue", ha concluido el exjuez.