Molons llegando a la Generalitat.
Antoni Molons, uno de los procesados. ACN

Los 17 procesados por malversación en el referéndum del 1-O han depositado en el juzgado otros 551.000 euros, recaudados en las últimas horas a través de la caja de solidaridad, con lo que les faltan por pagar 1,6 millones de la fianza de 5,8 que les exige la juez.

Según han informado fuentes jurídicas, la caja de solidaridad ha logrado recaudar otro medio millón de euros a raíz del llamamiento efectuado este martes por partidos y entidades soberanistas, después de que el juzgado empezara a bloquear las cuentas corrientes de los procesados por malversación.

La juez impuso una responsabilidad civil de 5,8 millones de euros a 17 de los 30 procesados por los preparativos del referéndum a los que atribuye un delito de malversación, entre los que figuran exaltos cargos y técnicos de la Generalitat supuestamente involucrados en la organización del 1-O.

En una primera fase, los procesados depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros -recaudados en la caja de solidaridad-, al tiempo que recurrieron las fianzas argumentando que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.

Sin esperar a que la juez resuelva los recursos, la secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro -cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20S en la Conselleria de Economía fue clave para que las acusaciones imputaran rebelión a la cúpula del "procés"- dictó ayer un decreto para acordar el embargo de las cuentas corrientes de los procesados.

En su decreto, la secretaria acordaba embargar los saldos favorables en las cuentas corrientes de los 17 procesados hasta alcanzar los 2,1 millones de euros que, a fecha de ayer, faltaban por pagar para completar la fianza.

En su escrito, la secretaria se remite al auto de procesamiento, en el que la juez acordaba el embargo de los bienes de los imputados por malversación si en el plazo indicado no pagaban la fianza solidaria de 5,8 millones, y recuerda que los recursos que se han presentado contra la resolución "no tienen carácter suspensivo".

La semana pasada, la secretaria del juzgado certificó en un escrito que faltaban por pagar los 2,1 millones de la fianza exigida por la magistrada, por lo que daba por iniciados los trámites para garantizar esa responsabilidad civil, e iniciaba las gestiones para averiguar su patrimonio.

Las defensas de los procesados recurrieron la resolución de la secretaria argumentando que es la juez, y no la letrada de la administración de justicia, la que debe determinar la suficiencia o no de las fianzas mediante un auto motivado.

Ese recurso se une al que ya presentaron las defensas en contra de los 5,8 millones de euros de fianza impuestos, en el que sostienen que la justicia está reclamando indebidamente el dinero presuntamente malversado en el referéndum por duplicado, en los procesos abiertos en el Supremo y paralelamente en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

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