Desde el comité de empresa se ha indicado que en la reunión del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) celebrada este martes las partes han llegado a un preacuerdo consistente en mantener el convenio vigente durante 2019 y establecer un calendario de negociación para el año 2020, siendo dicho preacuerdo aprobado por mayoría de los trabajadores.

Pese a que, sostienen, la empresa ha vulnerado un derecho como es la intervención del comité de empresa en la elaboración de los servicios mínimos, "ante las reacciones de la sociedad jiennense, ya cansada por el pésimo estado de suciedad de la ciudad y que son los grandes perjudicados ante una huelga de basura; por la celebración de un gran evento deportivo que acoge gran afluencia de visitantes -el World Padel Tour- y es un gran impulso para la economía de la ciudad; previa celebración de unas elecciones municipales y ante las cuales no queremos ser moneda de cambio de ningún partido político; los trabajadores por mayoría acuerdan desconvocar la huelga indefinida".

Con todo, advierten de que los trabajadores, a través de sus representantes, "seguirán luchando por todos los medios y ante todos los organismos posibles para que se respeten los derechos laborales establecidos en convenio, que se cumpla estrictamente el pliego de condiciones del Ayuntamiento para dar una mayor calidad al servicio en la ciudad y que se recuperen los puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la nueva contrata".

MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA

La huelga se había convocado ante el "inmovilismo" de la empresa en la negociación para lograr un convenio colectivo "digno" y después de tres meses de reuniones con la dirección, según se informó desde la Unión Sindical Obrera (USO), que ostenta la mayoría en el comité de empresa.

Sostienen que en 2018, los empleados "sufrieron una serie de medidas y agravios en contra de sus derechos", partiendo sus vacaciones de verano de 30 días a 15 días en verano y 15 días en invierno, "en un acto de buena fe ante la empresa y el Ayuntamiento, para dar fluidez organizativa en el proceso de inicio de la nueva contrata", que comenzó en diciembre de 2017.

Tras remarcar que, a pesar de estar gestionado por una firma privada, se trata de un servicio público de la ciudad, desde el comité se ha venido sosteniendo que no se entiende que "se pretenda un servicio de calidad aplicando recortes en los derechos de los trabajadores".

En este sentido, desde USO se recuerda el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de hacer que se cumpla el pliego de prescripciones técnicas y administrativas relativos al servicio, en el que "se explicita la necesidad de que la empresa adjudicataria respete las condiciones socio-laborales adquiridas por los trabajadores en convenio colectivo".

Al respecto, han puesto de relieve que "ya se ha cedido bastante por la parte social en el tema de las vacaciones, el plus de voluntariedad y la pérdida de poder adquisitivo real respecto al IPC" (índice de precios al consumo), a lo que se suma "las continuas amenazas de la empresa de despedir a trabajadores" cuando un tercio de la plantilla aproximadamente son empleados eventuales o con jornadas parciales.

Con este panorama, el comité confía en poder darle la vuelta en la negociación a partir de octubre del próximo convenio colectivo, ya que para este año finalmente se ha optado por mantener el de 2018 sin conseguir ninguna de las mejoras pretendidas cuando se planteó la huelga.