En la carta, presentada por Peláez este martes junto con el diputado andaluz Francisco Serrano y recogida por Europa Press, Peláez se dirige a las hermandades hispalenses exponiendo que la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuya derogación demanda Vox, puede "afectar a los actos de culto, pudiendo impedir la utilización en ellos de determinados elementos que forman parte de su patrimonio", aludiendo expresamente al artículo cinco de "identificación de víctimas" de la represión franquista, y 32 de "elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática".

El punto cuarto de dicho artículo 32, consultado por Europa Press, determina que "cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".

En ese sentido, y merced al mecanismo previsto en dicha normativa, la Junta de Andalucía anunciaba en julio de 2018, cuando aún estaba gobernada por el PSOE, la creación de un "comité técnico" destinado a emitir un dictamen "preceptivo y vinculante" acerca de la situación de la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, enclavada dentro de la basílica de la Macarena frente a las voces de los grupos memorialistas y del pleno del Ayuntamiento que reclaman que el templo deje de acoger los restos del militar a cuenta de los fusilamientos atribuidos al mismo.

Al respecto, Peláez indica en su carta que "la organización de los actos de culto externo e interno de las hermandades corresponde únicamente a sus juntas de gobierno, a los cabildos generales y a las normas diocesanas y la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica, a su entender, "amenaza" con su contenido sobre elementos contrarios a la Memoria Democrática "esta libertad hasta el punto de poder exigirse la identificación de los hermanos y devotos que participen en los actos de culto, vulnerando el derecho fundamental de libertad religiosa".

En ese sentido, la candidata de Vox defiende que su formación está

comprometida "con la derogación de esta Ley, con la libertad de culto y con la preservación de las tradiciones", un "compromiso que necesita del respaldo social suficiente, así como de la capacidad de sumar voluntades eficazmente".

Los miembros de Vox, en ese sentido, han lamentado además que en la última Semana Santa, el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla abriese diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Juristas 17 de Marzo por la resolución de la cofradía de El Baratillo de procesionar con un fajín de general perteneciente al dictador Francisco Franco ceñido en torno a la imagen de la Virgen de la Piedad, por un posible delito de enaltecimiento atisbado esgrimido por el citado colectivo.

A tal efecto, Vox ha recordado su defensa de la Semana Santa, señalando entre otros aspectos que la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de Ley de carácter no vinculante, para apoyar una candidatura de la Semana Santa andaluza a la lista del Patrimonio Mundial inmaterial.