La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Granada, María José Martín, ha señalado que "la principal problemática del bloqueo de estos trámites se centra en la demora de los plazos que en algunos caso llega a cuadruplicar la media del tiempo legal para su resolución". Es el caso de la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de diez meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años; o la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo.

En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.

La delegada ha matizado que "el freno a estos proyectos no ha tenido su causa en la protección ni en la preservación del medio ambiente, sino que ha sido la desidia y la falta de respuesta del anterior gobierno en la tramitación de los expedientes, con peticiones de segundos informes preceptivos sin necesidad".

PLAN

Martín ha anunciado un plan para reactivar estos proyectos y ha recordado que la consejería va a modificar la ley de gestión integrada de la calidad para simplificar la tramitación de los expedientes, al parejo un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejará de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental, siendo, de este modo, las instalaciones beneficiadas las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial.

Según ha incidido, con estas medidas "no se trata de rebajar el criterio ambiental ni de hacer la normativa más laxa sino de dar más posibilidades a la inversión preservando el medio ambiente". Ha recalcado así que muchos proyectos paralizados "son posibles desde el punto de vista medioambiental".

Además de las medidas de carácter legislativo, la consejería va a hacer un refuerzo de 65 funcionarios que se distribuirán entre los servicios centrales y las delegaciones territoriales con el objetivo de desbloquear esta situación administrativa.