Rosa y Eduardo llevan seis años soportando el ruido de sus vecinos. Y por si fuera poco también les toca sufrir insultos y amenazas. La pareja compró en 2002 un bajo en el número 69 de Santa Cristina y desde entonces no dejaron de denunciar las molestias. “La costurera que vivía encima se ponía a trabajar a altas horas de la madrugada”, señala Rosa María Dacosta.

Sin embargo, los problemas fueron a más. En 2005 “llegaron unos ecuatorianos y el ruido era infernal”, apunta Rosa. La pareja indica que los insultos y las amenazas comenzaron cuando intentaron solucionar las cosas hablando. Rosa indica que «decían que me iban a matar, llamaban puta a mi hija y le rompieron la nariz a mi marido». La denuncia por estos hechos implicó una orden de alejamiento de tres meses hacia ella y de otros seis para su marido además de una multa.

Los ecuatorianos se marcharon y alquilaron la vivienda. Aún así, «siguen amenazándonos y vienen a hacer ruido porque saben que nos molesta» apunta Rosa, que ya ha sufrido varias crisis de ansiedad y está recibiendo tratamiento psicológico.

Lo peor, para Eduardo García, «es que la policía no actúa». Se queja de que hubo ocasiones en las que estuvieron toda la noche llamándoles y no les hicieron caso. Además, «para dar por abandonada una caravana que nos pusieron delante tardaron ocho días, cuando lo normal son 48 horas», dice Eduardo.

Ahora, «han empapelado el barrio» con copias de un artículo publicado por 20 Minutos escrito por encima con insultos a la pareja.

Según el mapa de ruidos presentado hace un par de semanas en el Concello, la parroquia de Lavadores, donde vive este matrimonio, tiene al 20% de su población expueta a un nivel de ruido que supera el límite de los 55 decibelios. Además, el 57% de sus edificios sensibles (centros sanitarios y colegios) y, en general, el 35% de la superficie está por encima del límite.

La pareja de Santa Cristina critica que sus vecinos «han hecho obras ilegales» y han causado desperfectos en su casa, como humedades. Además, para ciertos arreglos en su hogar, Rosa y Eduardo deben contar con los dueños del piso de arrriba. Lo han denunciado ante la Gerencia de Urbanismo y allí «han pasado de nosotros».

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