Molons llegando a la Generalitat.
Antoni Molons, uno de los procesados. ACN

El juzgado de instrucción 13 de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del referéndum del 1-O, ha empezado el proceso de embargo de bienes a los 17 de los 30 procesados por delitos de malversación, según ha informado el abogado Jaume Alonso Cuevillas en su cuenta de Twitter.

De hecho, en una interlocutoria la semana pasada ya avisó que la cantidad de 3,6 millones de euros consignada en concepto de fianza era insuficiente, y que restaban 2,1 millones del total de 5,8 de fianza.

En aquel momento, los procesados pidieron que se pudieran aprovechar parte del dinero aportado como fianza al Tribunal Supremo, a pesar de que la jueza lo descartó. Entonces, el juzgado advirtió que quedaba "pendiente" depositar 2,1 millones de fianza e instaba a proceder al embargo de bienes, tal como se preveía a la interlocutoria de procesamiento del 4 de abril del 2019.

Entre los procesados obligados a aportar fianza solidaria están el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo; el exdirector de la Delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natàlia Garriga.

También el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías; el exsecretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, entre otros.

La letrada de la Administración de Justicia certificó el 13 de mayo quedaba "pendiente afianzar la cantidad de 2.135.768,06 euros" por parte de 17 de los 30 procesados a los que se les impuso la fianza.

En una diligencia de ordenación, la letrada confirmó que los procesados habían consignado 3.667.220,81 euros, indicando que faltaban 2,1 millones, por lo que daba cuenta a la jueza para proceder a lo establecido en el auto de procesamiento del 4 de abril en materia de responsabilidad civil, procediendo al embargo de bienes.

Los 17 procesados sobre los que pesaba fianza alegaron a Instrucción 13 que los 2,1 millones restantes ya estaban consignados en la cuenta judicial del Tribunal Supremo a raíz del juicio al proceso soberanista y que "responden a las futuribles responsabilidades civiles devengadas por idénticos hechos ventilados en ambos procedimientos", según un escrito.

La letrada del Juzgado, sin embargo, lo rechazó al considerar que esta cantidad está "depositada a favor de personas distintas de los procesados del presente procedimiento, en un procedimiento distinto", ante un órgano judicial distinto y respecto de unos hechos que ninguna resolución judicial firme ha declarado coincidentes.

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