La Renta Mínima de Inserción llega a pocos hogares en pobreza severa
La Renta Mínima de Inserción llega a pocos hogares en pobreza severa. SAVE THE CHILDREN

El térmometro que mide la atención pública a la población más necesitada vuelve a sacar los colores a siete comunidades autónomas, las que suspenden en el índice con el que la asociación de directoras y gerentes en servicios sociales mide la inversión y cobertura a la dependencia y la desigualdad, y a diagnosticar "grandes" diferencias regionales.

Así, Madrid se sitúa a la cola de España en esta clasificación con una puntuación de 3,20 sobre 10, lo que hace "irrelevante" la calidad de sus servicios sociales, según los expertos. Tampoco aprueban Valencia (3,30), Murcia (3,35), Canarias (3,75), Extremadura (3,75), Galicia (4,70) o Andalucía (4,8).

Por el contrario, País Vasco o Navarra superan el 7 sobre 10 de puntuación, obteniendo un nivel alto en la inversión y cobertura de servicios sociales. En el aprobado raspado se quedan Aragón (5,15), Baleares (5,20) o Cataluña (5,30).

En su sexto informe anual, los directores de servicios sociales, en base a datos de 2018, han comprobado que todavía persiste un agujero en la inversión en servicios sociales —una red que atiende a 8 millones de personas—y calculan que haría falta invertir 1.300 millones de euros para volver a recuperar la inversión pública del gasto social previo a la crisis.

El gasto presupuestado en servicios sociales por todas las administraciones en 2018 fue 18.871 (el 1,57% del PIB, en 2010 era el 1,68 %); el 25,1 % procede de ayuntamientos, el 61,4 % de Comunidades y un 13,5% de la Administración Central. "España debería llegar al menos al 2 % del PIB para los servicios sociales, en muchos países de la UE y de la OCDE solo la atención a la dependencia está por encima de ese 2 % del PIB", ha detallado Luis Barriga, responsable de análisis económico.

Eso sí, respecto a la evolución reciente señalan que es positiva en casi todas las Comunidades Autónomas, y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como la Comunidad Valenciana y Canarias.

Preguntados por los retos presentes, destacan "el de recuperar la inversión previa a los recortes de 2012 y volver a tener la inversión pública en servicios sociales previa a la crisis", explica a 20minutos.es José Manuel Ramírez Navarro, el presidente de la asociación. "Quienes se tienen que aplicar más son la administración general y algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, donde solo se dedica el 1% del PIB al sistema de servicios sociales".

También ven la necesidad de impulsar una ley de servicios sociales nueva y otra de rentas mínimas a nivel estatal que garanticen la "cohesión social". En rentas mínimas, critican que mientras en País Vasco tres de cada cuatro personas en el umbral de la pobreza acceden a una ayuda pública de este tipo, en otras Comunidades, como Castilla La Mancha, la cobertura no alcanza ni al 2% de los que viven en la pobreza.

En términos generales, los especialistas constatan "un estancamiento" en el sistema y una "sobrecarga en la red de protección social" que la convierte en "oficinas de check in que aplican procedimientos farragosos para atender en lugar de plantar alternativas de protección a estas personas".

El modelo óptimo a seguir no es preciso buscarlo fuera de España, según los directores de servicios sociales, sino en comunidades como Castilla y León, con sistemas más descentralizados en los municipios y que consiguen "mayor eficiencia: esto es que con menos dinero invertido logran más cobertura".