Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los acusados se habrían hecho con los servicios de la víctima a la que alojaban en la vivienda en la que ellos convivían, previamente concertados con personas en Nigeria que consiguieron la documentación para pasar los controles en 2011.

De esta forma, según el escrito provisional de la acusación pública, la víctima "para ser libre y hacer su propia vida, previamente habría de pagar a los acusados el dinero que estos consideraban conveniente para saldar la deuda contraída con ellos por haber conseguido traerla a España".

Supuestamente le imponían que esa deuda la abonara "mediante el ejercicio de la prostitución, debiendo hacer entrega del dinero obtenido con la venta de su cuerpo a los acusados", dice el fiscal, apuntando que la víctima se vio obligada a hacer esto en un polígono de Málaga hasta enero de 2014 cuando decidió informar de lo que sucedía a la Policía.

Asimismo, según el relato del ministerio público, en alguna ocasión por haber mandado dinero a personas de su entorno en su país, "fue agredida aduciendo las acusadas que el dinero tenía que entregárselo a ellas íntegramente".

Por estos hechos, se pide que se imponga a cada acusado la pena de diez años de prisión y el pago de forma conjunta de 10.000 euros a la víctima. El juicio está previsto que se celebre en la Sección Primera de la Audiencia el próximo martes día 21 de mayo.