Es una cifra pequeña en comparación con los más de 75.000 nombres apuntados en la lista de Etxebide, pero deja de sorprender que, con lo difícil que es que te toque una VPO, haya quien la rechace. En concreto, una treintena de personas de media son expulsadas cada año de las listas por este motivo.

En total, desde 2003, año en que se establecieron las normas, hasta 2006, últimos datos, 163 personas han sido dadas de baja por renunciar dos veces a un piso de protección oficial.

No obstante, la expulsión de las listas por haber renunciado a un piso otorgado en un sorteo no es definitiva. El castigo únicamente dura dos años. Eso sí, luego hay que apuntarse de nuevo, con todo el papeleo que eso conlleva. «El objetivo de esta medida es evitar un gasto administrativo que no deben costear las personas que tienen en Etxebide una opción primera y urgente», señalan en el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco.

Más de las que parecen

Sólo en 2006, 313 personas decidieron no quedarse con el piso que les había tocado en uno de los sorteos. De ellos, la mitad en Vizcaya. Teniendo en cuenta que ese año se sortearon 1.404 viviendas, tanto en alquiler como en propiedad, resulta que uno de cada cinco pisos de protección fueron rechazados: el 22%.

El principal motivo para rechazar una vivienda oficial es un cambio en la unidad convivencial que deja pequeño el piso otorgado. Es decir, que hay más ingresos o que cambia la familia (ahora hay hijos, el abuelo que se viene a vivir).

Otra de las causas que motivan una renuncia es que para cuando llega el sorteo, el agraciado/a ya ha iniciado la adquisición de una vivienda libre. Después de estas razones, los renunciantes alegan que no les gusta la ubicación o que no les convence que sea en derecho de superficie (derecho a usar el piso durante 50 ó 75 años, pero sin tenerlo en propiedad).

Expropiarán las VPO vacías

Las VPO que permanezcan vacías más de tres meses podrán ser expropiadas . Así lo marca un nuevo decreto publicado por el Gobierno vasco, que ha tomado esta medida para evitar fraudes y garantizar que los pisos de protección sean utilizados para lo que fueron concebidos.

El texto recoge que las VPO deberán ser destinadas a «domicilio habitual y permanente», y advierte de que «se presumirá que una determinada vivienda ha dejado de ser domicilio habitual cuando permanezca desocupada tres meses, salvo causa justificada».

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