La consejera, en respuesta a una pregunta del diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina, ha recordado que el Parlamento aprobó en noviembre de 2017 una Proposición no de ley por la que se instó al Gobierno andaluz a buscar vías de solución al problema junto con el Gobierno de España, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Tomares para resolver de forma definitiva los deslizamiento de terreno en esa urbanización.

A día de hoy, ha señalado, se está pendiente de la realización de un nuevo informe técnico que aclare las causas de esos deslizamientos así cómo las posibles medidas a adoptar. Carazo ha destacado que desde la Consejería de Fomento ya se han iniciado conversaciones con los responsables del Ayuntamiento de Tomares y se les ha ofrecido colaboración para que ese informe se haga realidad cuanto antes.

Carazo ha resaltado que "cuando tengamos claro las medidas a acometer" desde la Consejería, impulsaremos un acuerdo o convenio con todas las administraciones, Ayuntamiento de Tomares, Diputación de Sevilla Gobierno de España y Junta de Andalucía,

para que las cuatro administraciones nos impliquemos en la solución del problema".

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía ha llamado la atención sobre la situación que viven las once familias afectadas por el desalojo, que han tenido que "readaptar" su vida, incluso "siguen pagando hipotecas y alquileres o con soluciones de acogimiento familiar". "Se encuentran desesperadas por la falta de compromiso de las diferentes administraciones", ha apuntado.

De esta manera, ha criticado que estas familias se encuentren "en el limbo" porque "ninguna administración competente asume su responsabilidad". En este sentido, ha considerado de "choteo" la actitud del Ayuntamiento de Tomares ante esta situación.