El sindicato USO en Solvay ha urgido hoy al Gobierno de Cantabria, a la empresa y a los agentes sociales a realizar "un esfuerzo compartido" e implicarse para evitar el peligro de "cierre" que a su juicio se cierne sobre la planta de carbonato de Barreda si no se afronta ya la inversión necesaria para su transición energética, dado que su vida útil se agota en 2023.

El delegado de USO José Vía ha propuesto la creación de una mesa de diálogo social integrada por la empresa, el Gobierno de Cantabria, grupos parlamentarios y agentes sociales para firmar un memorándum de compromisos.

Al respecto, ha señalado que la de Barreda es la única planta del grupo en Europa en la que aún no se ha aprobado la inversión para la transición energética, y ha reclamado ayudas regionales y compromiso de agilización de trámites administrativos para materializar esa inversión y dar a Solvay seguridad jurídica y un marco regulatorio estable.

Según ha explicado Vía en rueda de prensa, Solvay ha presentado una alegación al nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y enviado a Bruselas para su estudio y validación, en la que advierte que el PNIEC "pone en serio peligro la continuidad de la actividad de Solvay en Cantabria" y solicita una prórroga para mantener la quema de carbón hasta 2030, cuando el plan sitúa su fin en 2025.

Paralelamente, Solvay tiene que afrontar la renovación de las viejas turbinas de gas, cuya vida útil llega hasta 2023, por nuevos equipos de cogeneración de alta eficiencia que permitan reducir el consumo y las emisiones, una situación que afecta también a otras dos empresas electrointensivas de Cantabria, Ferroatlántica y Global Steel Wire, así como a otras 15 empresas que tienen plantas de cogeneración, entre ellas Sniace, Dynasol, Nestlé y Textil Santanderina.

100 MILLONES DE INVERSIÓN

En el caso de Solvay, la inversión ronda los 100 o 110 millones de euros, según ha explicado Vía, quien ha advertido que la construcción de las nuevas plantas de cogeneración requiere tres años, más uno de trámites administrativos "como mínimo" porque el proyecto lleva aparejada una línea de alta tensión entre Barreda y Puente San Miguel, por lo que "ya estamos en el límite" y "no se puede perder más tiempo".

El sindicalista ha advertido que la planta de Barreda, que tiene una plantilla de 370 trabajadores y otros 300 de contratas, perderá el 25% de su capacidad productiva y de su empleo si no se concede a Solvay la prórroga solicitada o si finalizado el año 2023 no se ha realizado esta inversión. "Los días pasan y nos pilla el torno si no actuamos", ha reiterado.

Por ello ha propuesto la creación de una mesa diálogo para hacer efectiva la transición energética en plazo, de forma que Solvay, por un lado, se comprometa a acordar con urgencia la inversión para iniciar la construcción de la planta de cogeneración de gas de alta eficiencia para que esté operativa en junio de 2024 y así reducir drásticamente las 1,14 millones de toneladas/año de emisiones de CO2 a la atmósfera de la planta de Torrelavega.

Paralelamente, USO reclama la implicación de los partidos políticos en la defensa de la continuidad industrial de Solvay y de las empresas con instalaciones de cogeneración de gas en Cantabria, y que se comprometan a situar la transición energética como una prioridad de trabajo de la nueva legislatura.

Como medidas concretas, el sindicato pide la creación de un estatuto de industrias gas-calor intensivas, desgravaciones del 25% en las inversiones para el autoconsumo energético como respaldo a la cogeneración de gas de alta eficiencia, y ayudas para la reducción de gases de efecto invernadero.

Vía ha puesto como ejemplo a Galicia, que ha consignado 143 millones de euros para este fin, y ha reclamado que Cantabria destine 120 millones de euros en un cuatrienio, a razón de 30 al año, para ayudar a las empresas en su transición energética, reducir emisiones y garantizar la continuidad del empleo.

Por último, ha criticado la falta de implicación del comité de empresa de Solvay, formado por ocho delegados de UGT, tres de USO y dos de CCOO. Asimismo, ha lamentado que la transición energética esté "pasando de puntillas" en la campaña electoral y ha subrayado que el nuevo gobierno lo tiene que abordar como un asunto prioritario.