Según han indicado fuentes del caso a Europa Press, el Ministerio Público inculpa a M.I.G. de un delito continuado de abuso sexual a menores en el concurre la circunstancia agravante de parentesco.

Por ello, la Fiscalía reclama para el acusado, además de una pena de seis años de prisión, la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un periodo de diez años así como que se le imponga el pago de una indemnización.