La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a tres personas y ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores. Todo ello en el marco de la operación Yagoda.

Los tres detenidos, quienes captaban a las víctimas, son de nacionalidad búlgara y pertenecientes a la misma familia, tienen edades comprendidas entre los 32 y 64 años. Estos realizaban las labores de captación de las víctimas.

En total, se ha identificado a 13 víctimas (9 adultos y 4 menores), de nacionalidad búlgara, que se encuentran bajo recursos de servicios sociales de la Junta de Castilla y León debido a su situación de desamparo.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil revelaron que las víctimas fueron reclutadas desde su país de origen, Bulgaria, en entornos sociales extremadamente vulnerables, aprovechándose del deseo y esperanza de tener una vida con más oportunidades para mejorar, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo aparentemente muy atractivas en España, a través de un contrato de trabajo fijo.

El grupo criminal ofertaba puestos de trabajo en campañas agrícolas, con una supuesta remuneración que sería acorde a su trabajo, y una alimentación y estancia dignas. Posteriormente, eran trasladadas vía carretera desde Bulgaria hasta la provincia de Valladolid.

Una vez en España, se dedicaban a labores agrícolas en la zona sur de la provincia, donde se les ofrecían remuneraciones, bien por la realización de un trabajo diario, o a través de empresas de servicios, tras la finalización de los servicios prestados.

La Guardia Civil ha constatado que cuando eran contratados diariamente, carecían de contrato y desconocían la jornada que iban a realizar y ni se les abonaba a los trabajadores el total de la remuneración prometida.

Cuando eran contratados a través de una empresa de servicios, los ahora detenidos acompañaban personalmente a cada una de las víctimas a entidades bancarias, para abrir una cuenta corriente, solicitando tarjetas y claves de Internet. Estas tarjetas y claves se las apoderaban los detenidos, y una vez percibían la remuneración a través de la empresa de servicios, estos transferían lo cobrado a cuentas personales o bien sacaban el dinero de las cuentas a través de los cajeros automáticos, dejándoles una cuantía mínima.

Además, les cobraban conceptos por el traslado desde su lugar de residencia hasta la explotación agrícola, por el alojamiento y la manutención, o por distintas gestiones administrativas.

Las condiciones de trabajo detectadas por la Guardia Civil, incluían jornadas laborales muy superiores a los estándares regulados (13-14 horas). Los trabajadores percibían una mínima cuantía, y se alojaban en una vivienda de alquiler de uno de los detenidos. El alojamiento se ubicaba en la localidad de Tordesillas, el cual se encontraba en condiciones totalmente insalubres y antihigiénicas.

Una vez que las víctimas finalizaban su jornada laboral, los captadores, ahora detenidos, realizaban labores de control en los lugares donde pernoctaban.