Desde el sindicato CSIF han mostrado su rechazo a este tipo de conductas hacia el personal de la Administración de Justicia durante el desarrollo de su trabajo, por lo que han anunciado que estudiarán acciones para evitar que este tipo de hechos puedan volverse a repetir.
"Rechazamos por completo lo que ha sucedido", han apuntado desde la organización sindical, donde han recordado que la agresión a un funcionario puede ser tipificada como un delito de atentado, dado que actúan en calidad de agentes de autoridad.
Desde CCOO, como sindicato mayoritario en Almería, también se han mostrado en contra de este tipo de agresiones, de las que han reconocido que son "poco comunes" pese a que se puedan dar situaciones de desprotección. "Hace menos de dos meses a una funcionaria le azuzaron un perro pero consiguió esconderse en el ascensor", han señalado a modo de ejemplo.
Los hechos que han dado lugar a la formación de diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería se produjeron sobre las 9,45 horas del día 8, cuando el funcionario se personó en una vivienda para notificar la orden de desahucio.
Tras tocar al timbre, abrió la puerta un joven de 20 años que se identificó como el sobrino de la persona a la que iba dirigida la notificación y se encaró con el agente judicial, a quien habría amenazado de muerte, según los hechos denunciados.
A continuación, presuntamente le empujó, le golpeó y le rompió las gafas, para, a continuación, recoger los cristales del suelo, "metérselos en el bolsillo" y cerrar la puerta del domicilio. El funcionario llamó entonces a la sala del 091 y una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar para localizar e identificar al presunto agresor.
Según las mismas fuentes, el joven, de nacionalidad colombiana, reconoció a los agentes los hechos y aseguró que "lo había hecho porque a su abuela nadie la iba a echar de su casa".
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