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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PP contra el real decreto que regula los contratos de alquiler de vivienda, aprobado por el Gobierno el pasado 1 de marzo.

El TC ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso, Senado y Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes.

En su recurso, el PP alega que la norma impugnada no respeta el presupuesto habilitante establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, que exige la extraordinaria y urgente necesidad, ni las materias vedadas a los decretos leyes, por afectar al deber de contribuir.

Los 'populares' cuestionan la utilización de "porcentajes descontextualizados" y la ausencia de una "verdadera estadística" en las justificaciones del Gobierno sobre la urgencia para aprobar este decreto.

A principios de abril, el líder de los populares, Pablo Casado, informaba del recurso por medio de una breve nota de prensa, en la que cuestionaba "la extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

"La exposición de motivos ha usado fórmulas huecas y vacías, cuando no enteramente falsas, que no pueden sustentar la concurrencia del presupuesto habilitante para la aprobación conforme a Derecho de un Real Decreto-Ley para abordar el tema de fondo del mismo", esgrime el recurso presentado.

Consecuencias del decreto

Entre otras medidas, el decreto de alquileres amplía a cinco y siete años la duración de los contratos, en función de si el propietario es una persona física o jurídica, respectivamente, y limita las subidas de precios durante la vigencia del contrato al IPC.

Además, el decreto habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual y establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos.

Con el objetivo de incentivar la oferta de viviendas en este régimen, establece además una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.

Junto al decreto de alquileres, el PP también recurrió otro de los decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez en vísperas de la disolución de las Cortes Generales, el de ampliación de los permisos de paternidad.