Comisión Europea
Banderas de la Unión Europea (UE) ondeando en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. OLIVIER HOSLET / EFE

¿Qué puede hacer la Unión Europea por los ciudadanos comunitarios? Esa es una pregunta recurrente, sobre todo cuando se acerca una cita electoral, como es el caso. Entre 2014 y 2019 el Parlamento Europeo ha alcanzado una serie de medidas para, sobre todo, acabar con ciertas barreras que seguían presentes en materia tecnológica, medioambiental o comercial. Estos son los principales acuerdos de la legislatura que acaba de terminar:

Fin del roaming

Uno de los grandes avances de la legislatura. Entró en vigor en junio de 2017 y supuso el final de los recargos por itinerancia, es decir, desde ese momento llamar, enviar mensajes o conectarse a internet con el móvil en otro Estado miembro de la UE es totalmente gratuito.

En línea con la abolición del roaming, la Comisión Europea lanzó una propuesta para acabar con los geobloqueos que restringen la liberalización de los contenidos audiovisuales dentro del territorio comunitario. Esto es, la medida da la posibilidad de acceder a las suscripciones en línea de toda la Unión Europea.

Entrada en vigor del acuerdo del clima de París

A nivel global, el acuerdo de París se convirtió en uno de los logros más relevantes. La UE lanzó esta consecución como uno de los grandes éxitos, no solo de la legislatura, sino también de la última década. Un total de 195 países asumieron la responsabilidad con la cuestión medioambiental con la firma de este acuerdo, el primero con carácter vinculante sobre el clima.

El acuerdo, a grandes rasgos, establece un plan de acción mundial que pone el límite en el calentamiento global, muy por debajo de los 2 grados y fomenta esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. El Parlamento respaldó la ratificación del acuerdo, en octubre de 2016, con 610 votos a favor, 38 en contra y 31 abstenciones.

En aquel entonces, la Eurocámara estaba presidida por Martin Schulz, que valoró positivamente lo conseguido. "Esta votación allana el camino para asegurar que se alcanzan los umbrales mínimos. La entrada en vigor del acuerdo de París menos de un año después de su firma es un enorme logro, después de que fueran necesarios ocho años con el protocolo de Kioto. La votación también demuestra que la UE sigue siendo líder en la lucha contra el calentamiento", dijo Schulz en su momento.

Freno al derroche de bolsas de plástico

Otra de las medidas adoptadas respecto al medio ambiente. En 2015 se aprobó una directiva para reducir la utilización de bolsas de plástico de un solo uso. El límite para que las bolsas no fueran ofrecidas de forma gratuita se fijó en 2019. En España, la trasposición de la normativa entró en vigor el pasado mes de mayo, y a partir de ese momento, las bolsas dejaron de ser gratuitas para los consumidores.

El objetivo de esta legislación es evitar que este tipo de material se convierta en basura, de tal manera que se fomente el reciclaje, que, según el Parlamento Europeo, debe convertirse en una actividad rentable para las empresas. Así, podrían abrirse nuevos puestos de trabajo en el sector.

Adiós a las comisiones opacas por pago con tarjeta

La Eurocámara también puso coto a las tasas que los bancos cargan a los comercios para procesar los pagos de sus compradores. ¿El objetivo? Reducir los costes para los usuarios. Incluye tanto a los pagos transfronterizos como a los que se realizan con tarjetas nacionales, explicaron desde el Parlamento. Esta norma se aprobó a principios de 2015.

Estos límites varían en función del tipo de transacción. Pero hay excepciones: esta medida no se aplica a los llamados sistemas de tarjetas "tripartitos" como Diners o American Express (que solo implican a un banco), siempre y cuando la tarjeta se emita y procese bajo el mismo sistema. Las tarjetas comerciales para pagar gastos de empresa también están exentas.

Eliminación del bloqueo geográfico para comprar por internet

En materia comercial, se adoptaron una serie de normas desde febrero de 2018 para evitar las barreras geográficas a la hora de comprar online. Desde ese momento, los consumidores pueden comprar en línea en la UE sin ser bloqueados o redirigidos a otra web. Al mismo tiempo, los vendedores tienen que tratar a los clientes de otro Estado miembro ofreciéndoles el mismo precio que a los locales.

Entre los productos y servicios cubiertos por la normativa figuran las entradas a espectáculos y parques de ocio, las estancias hoteleras y el alquiler de vehículos. De nuevo, vuelve a haber excepciones. Y es que los contenidos protegidos por derechos de autor quedan excluidos de esta medida, al menos por el momento, toda vez que la Comisión Europea tiene dos años para evaluar si los termina añadiendo en los supuestos.

Más exigencias de transparencia fiscal

La fiscalidad es uno de los asuntos que tiene en vilo a la UE como bloque. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó en verano e 2015 una mediada por la que las grandes empresas y compañías cotizadas tienen que publicar la información desglosada de sus beneficios e impuestos pagados por paises. El objetivo no es otro que evitar casos de fraude que conlleven multas millonarias.

El Parlamento quiere que la nueva normativa permita a los accionistas votar al menos una vez cada tres años sobre la política de remuneración de los directivos de empresas cotizadas. No obstante, precisan que los Estados podrán decidir si el voto de la asamblea general sobre esta cuestión es vinculante o no.

Wifi gratuito en lugares públicos

Otro acuerdo supuso el llamado Wifi para Europa, una iniciativa que ofrece bonos de un valor de 15.000 euros para que un total de 1.183 municipios instalen puntos gratuitos de acceso a internet en los espacios públicos. La financiación establece cuotas para que la distribución de la financiación comunitaria sea "geográficamente equilibrada".

Desde que se aprobó, España es el segundo país de la Unión Europea que más solicitudes ha presentado en el marco de este programa. El presupuesto es de 120 millones de euros durante dos años (entre 2017 y 2019). En total total, 2.116 municipios españoles han cursado la solicitud en la primera convocatoria del programa, solo por detrás de Italia (3.202) y por delante de Alemania (1.824) y Francia (1.451).

Reforma de la protección de datos

Otra de las medidas que más repercusión ha tenido. Fue aprobada en abril de 2016 y pretende, según el propio Parlamento, "devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales y garantizar en toda la UE unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital".

Las nuevas reglas incluyen los siguientes puntos: el derecho al "olvido", mediante la rectificación o supresión de datos personales, la necesidad de "consentimiento claro y afirmativo" de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales, la "portabilidad", o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios, el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados, lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.

Directiva sobre registro de datos de pasajeros

En esta directiva de 2016, la Eurocámara pretende recuglar el uso de los datos de pasajeros aéreos para evitar, entre otros, delitos terroristas. La norma obliga a las aerolíneas a entregar a las autoridades nacionales los datos de los pasajeros de todos los vuelos llegados a la UE desde terceros países y viceversa.

Los datos serán conservados durante cinco años, pero tras un periodo inicial de seis meses, estarán "enmascarados", es decir, se eliminará aquella información –como nombre, dirección, datos de contacto y de pago- que sirva para identificar directamente a la persona.

CETA: Respaldo al acuerdo comercial con Canadá

En la escala de las relaciones internacionales, esta medida ha sido, quizás, la más importante. En la UE fue calificado como un "acuerdo histórico". El CETA elimina los aranceles sobre los bienes y servicios más vendidos en Europa y Canadá y también establece el reconocimiento mutuo de las certificaciones para una amplia gama de productos.

A partir de este pacto, Canadá abrirá sus mercados federales y municipales de contratación pública y los proveedores europeos de servicios, desde el transporte marítimo a las telecomunicaciones e ingeniería, servicios ambientales y de contabilidad, tendrán acceso al mercado canadiense. En cambio, con el acuerdo no se suprimen los aranceles en los servicios públicos y audiovisuales, de transporte, y en algunos productos agrícolas como lácteos, avícolas o huevos.