La denuncia inicial de IU, recogida por Europa Press, señala un total de 24 facturas y avisa de reparos de la Intervención municipal a estas "facturas que se presentan por distintas empresas y proveedores para su cobro", pues "lo que se está haciendo es trocear las mismas para evitar el someter esa contratación a un procedimiento licitatorio que garantice en la selección del adjudicatario los principios de igualdad, publicidad y concurrencia".

La denuncia presta especial atención al caso de las comidas para los ancianos ordenadas por los servicios sociales municipales, porque para dicho aspecto "durante el año 2017 se ha abonado un total de 54.356 euros" a una misma empresa, fraccionando "por meses" este servicio al considerarlo como "menor". "En el año 2016 ha sucedido lo mismo y se ha vuelto a trocear las facturas mes a mes cuando el total de las mismas superan con creces la cuantía permitida a un contrato menor", indica la denuncia respecto a este servicio.

"Los distintos reparos que manifiesta la Intervención al pago de las facturas indicadas no han servido para que por parte de la Alcaldía se cese con esta practica. Muy al contrario, en el año 2018 se sigue manteniendo el mismo sistema de pago", avisa la denuncia, atisbando un posible delito de prevaricación.

En uno de los informes de Intervención recogidos por Europa Press, en efecto, se detalla que el Ayuntamiento ha promovido "una pluralidad de contratos menores sucesivos para la adquisición de bienes o servicios que se requieren repetidamente, que responden a necesidades de carácter recurrente, periódico o permanente, y ello no es conforme con la normativa en materia de contratación pública para cubrir este tipo de necesidades e, incluso contrario a aquella normativa, en cuanto se ha prescindido de tramitar un procedimiento licitatorio".

En ese sentido, y frente a las tesis del PSOE respecto a que estas contrataciones respondían a indicaciones "técnicas", IU alega que "al menos cinco informes emitidos entre 2017 y 2018 por la Intervención municipal de fondos advertían expresamente al alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, de la adquisición de servicios periódicos y recurrentes, informando desfavorablemente al pago de las facturas del servicio de comidas de personas mayores, al haberse prescindido de la tramitación del procedimiento de adjudicación pública, de acuerdo con la ley de Contratos Públicos e instando a su tramitación".

"Únicamente tras la citación en sede policial a principios del mes de noviembre del Alcalde se ordena la licitación del servicio de Cátering de personas mayores, aprobándose el expediente por resolución de alcaldía 54/2019 del 22 de enero de 2019, quedando la licitación desierta", asevera IU.