Según ha informado Cort en un comunicado, con este contrato el área de Bienestar y Derechos Sociales quiere garantizar que cualquier nueva construcción o infraestructura ilegal que se pueda levantar hasta que se inicie la segunda fase de desmantelamiento del poblado, prevista hasta finales del año 2019, se pueda demoler de forma inmediata.

Así, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas desde este jueves hasta el día 15 de mayo.

Paralelamente, el área de Bienestar y Derechos Sociales instalará paneles informativos en los espacios que han quedado vacíos después de las demoliciones y un panel informativo en la entrada del poblado advirtiendo de la ilegalidad de las nuevas construcciones.

Hay que recordar que una vez concluida la primera fase, las áreas de Bienestar y Derechos Sociales; Policía Local e Infraestructuras, acordaron un sistema de control del poblado para vigilar que las construcciones que se han derrocado no se vuelvan a reconstruir.

Este control es efectivo con inspecciones continuadas en el poblado, de forma que se puede tener una información actualizada de posibles reconstrucciones.

Desde el área de Bienestar y Derechos Sociales y cuando se detecta una nueva reconstrucción, primero se pide a la familia infractora que pare la nueva construcción de forma que se puedan evitar gastos innecesarios.

En el supuesto de que no sea atendido el ruego de parar, se procederá a la demolición inmediata, tal como ya se ejecutó la demolición de la tienda reconstruida el pasado 5 de abril, cuando el juzgado no vio impedimento legal para activar este procedimiento.

Durante la primera fase de desmantelamiento del poblado se han derribado un total de 42 albergues y un gallinero y faltan por derribar un total de 75 viviendas.

La segunda fase de desmantelamiento tendrá un coste aproximado de 600.000 euros y se llevará a cabo entre 2019 y 2020.