Los grupos municipales del BNG y PP expresaron hoy su contrariedad por la concesión que otorgó la junta de gobierno del ayuntamiento de Lugo para construir varios inmuebles en las inmediaciones del Parque Rosalía de Castro y una asociación ya anunció que impugnarán esta licencia que permitirá levantar edificios de ocho plantas.

La licencia otorgada por la junta de gobierno permitirá construir, en una primera fase, 74 viviendas en tres inmuebles con una altura de 27,83 metros y que ocuparán una superficie de algo más de 7.000 metros cuadrados.

Firmas contra el proyecto

El movimiento vecinal "Asociación Pola defensa do Parque Rosalía de Castro", ya recogió más de 10.000 firmas contra este proyecto de edificación y hoy mismo anunciaron que impugnarán la licencia de la primera fase para evitar el "fuerte impacto ambiental y visual" que aseguran se producirá en una zona que debería ser de "especial protección" desde la que se puede ver toda la cuenca del Miño a su paso por Lugo.

El portavoz de esta plataforma, Marcos Bourio, también avanzó que en el caso de que no prospere la impugnación, presentarán un recurso contencioso-administrativo y solicitarán la intervención de la consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. Desde el BNG, la concejala Paz Abraria, culpó de esta situación al Partido Popular, por haber permitido esta construcción con la redacción del plan urbanístico de 1991 cuando el PP ostentaba la alcaldía.

El BNG también culpa al gobierno actual del Partido Socialista por "omisión" al, aseveró, "no haber hecho nada para evitar estas construcciones", con lo que, aseguró, tan sólo "unos pocos" se quedarán con el privilegio de las vistas del río Miño que con los edificios a construir se "privará" al resto de la ciudadanía.

Oscurantismo urbanístico

Desde el grupo municipal popular, su portavoz, Joaquín García, asume la responsabilidad de la aprobación del plan de 1991, pero aseguró que el gobierno actual tuvo "varias oportunidades" para haber evitado estas construcciones, como fue cuando se aprobó el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), en el 2005, para esta zona.

García Díez incluso va más lejos y asegura que en toda la tramitación de estas licencias hubo "auténtico oscurantismo". "Se ha decidido en el momento que más convenía, una semana después de las elecciones" y, agregó, "fueron otros (PSOE) los que hicieron un plan a la carta para beneficiar a este promotor y no a los intereses generales de la ciudad".

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