Poco antes de que los ciudadanos que votaron en el referéndum del 1-O continuaran declarando como testigos en una nueva jornada del juicio del 'procés' este miércoles, las defensas de los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull han presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que se solicita que se revoque su prisión provisional y les ponga en libertad provisional para poder ejercer como diputados.

Así lo reclaman los letrados Jordi Pina y Andreu Van den Eynde, que representan a los cinco encausados que resultaron elegidos al Congreso, y en el caso de Romeva al Senado, en las pasadas elecciones del 28 de abril, y a pocos días de que el 21 de mayo se constituyan las Cortes.

En concreto, el escrito de la defensa de Sánchez, Turull y Rull pide el Supremo que solicite el suplicatorio de sus defendidos al Congreso de los Diputados y que alce la medida cautelar de prisión provisional que pesa sobre sus defendidos que ya son parlamentarios electos.

Jordi Pina, abogado de los diputados electos de JxCAT, argumenta la necesidad de solicitar "la autorización necesaria (del Congreso) para proceder con la continuación" del juicio y recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 753 "da un paso más" al prever "la suspensión del proceso judicial a la espera de la resolución de los suplicatorios de los encausados".

Además, recuerda que la tramitación del suplicatorio obliga también a "revisar y dejar sin efecto las medidas cautelares que puedan limitar o condicionar el ejercicio del cargo, especialmente las que afecten a la libertad personal".

"Pedimos la libertad para que pueden ir no solo el día 21, sino también a otras actuaciones posteriores que tienen que ser presenciales, no pedimos ninguna alternativa más que la libertad", ha señalado a los medios Pina.

En el mismo sentido se argumenta el otro documento presentado al Supremo por la defensa de Junqueras y Romeva, de ERC, que fueron elegidos como diputado y senador, respectivamente. Su abogado, Andreu Van den Eynde, ha manifestado en una entrevista en Antena 3 que "lo que se discute es cuál es el peso que tiene el derecho de representación política en un estado democrático".

El letrado ha expuesto que le piden al Tribunal Supremo "que ampare el derecho que tienen unos representantes políticos, con el apoyo que ha tenido ERC en Cataluña además, y que les deje ejercer sus funciones en libertad".

Ambos letrados manifiestan la voluntad de sus defendidos para acudir a las cámaras el próximo 21 y poder actuar con "todas las garantías y derechos" como parlamentarios, y recuerdan que, en base al Reglamento del Congreso, la inmunidad parlamentaria comienza desde el momento mismo en que los diputados son proclamados electos.

Van den Eynde entiende que "la protección de la función parlamentaria debería vincularse con el otorgamiento de la libertad provisional" o en todo caso con medidas menos gravosas como la fianza. De lo contrario, a su juicio, "se estaría vulnerando su derecho de sufragio pasivo como candidato electo, y también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos que, con su voto, contribuyeron a su elección". En declaraciones a los medios a las puertas del Supremo, Van den Eynde ha hecho hincapié en que piden el "amparo" de un "derecho fundamental", el de representación política.

El escrito de Van Den Eyden abunda en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para apuntalar sus peticiones e incide en que la propia doctrina jurisprudencial establece que, una vez que el candidato recibe el apoyo del electorado, "se convierte en representante del conjunto de la ciudadanía, y no sólo de los votantes directos, en virtud de la prohibición del mandato imperativo".

Se trata, según la defensa de Junqueras y Romeva, de derechos "que encarnan la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y del pluralismo político consagrados en el artículo 1 de la Constitución" y que aparecen como modalidades o variantes del mismo principio de representación política.

También cita otro artículo de la Constitución, el 23.2, que garantiza a su juicio "que los que hayan accedido a los cargos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas", y añade que "la necesidad de suplicatorio de las Cámaras aboga a favor de dicha idea".

Entretanto, la Sala todavía no se ha pronunciado en ningún sentido, si bien ha establecido el fin de las testificales para el 20 de mayo, mientras que el 21 no ha fijado sesión, día en el que se constituyen las Cortes y en el que, según el Reglamento del Congreso, los diputados electos deben acudir al pleno de la Cámara para jurar o prometer su cargo.

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, defendió este miércoles que, si algunos líderes independentistas presos "son electos, deben poder participar del juego democrático igual que los demás". En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, Montero abogó por la "proporcionalidad" en la respuesta a los independentistas, porque "hubo desobediencia masiva, pero una cosa es ésa y otra que tengamos presos preventivos durante meses", lo que le parece "una situación desproporcionada para lo que debería ser".

Incluso, insistió, frente a la exacerbación de sentimientos, "nos toca bajar el balón y, si son electos, deben poder participar del juego democrático igual que los demás", así como "reconocer a todos los actores y buscar soluciones políticas".