En su rueda de prensa de este lunes, Beltrán Pérez ha acusado al primer edil hispalense de haber intentado "echar" a Mercasa del accionariado de la entidad gestora del mercado central hispalense, con lo que el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y Mercasa ya como socios únicos de la empresa supone a su entender "una enmienda a la totalidad" respecto a la anterior posición del Grupo socialista. "El PP, desde la oposición, ha empujado al PSOE a adoptar la posición correcta", ha dicho Pérez, celebrando la continuidad de Mercasevilla bajo una gestión "cien por ciento pública".

En paralelo, ha manifestado sus sospechas respecto a que el Gobierno local del PSOE no accediese antes a un acuerdo así con Mercasa por mero "sectarismo" político, en relación al anterior periodo de la sociedad estatal de mercas bajo el mandato del Ejecutivo del presidente popular Mariano Rajoy. Finalmente, ha apostado por que al hecho de contar con una Mercasevilla "fuerte y pública" se una la venta de los suelos de sus instalaciones, con "el cien por ciento" de los ingresos de dicha operación destinados a fortalecer la empresa y que Sevilla cuente con "el mejor merca de Europa".

Mercasevilla, recordémoslo, solicitó el concurso voluntario de acreedores después de que la sociedad estatal Mercasa, segundo socio de la misma, no apoyase entonces una ampliación de capital promovida ante una sentencia que condena a la entidad a pagar casi nueve millones de euros a la constructora Sando, indemnización que se elevaba ya a más de 22,3 millones de euros por los intereses de demora.

En el marco del citado concurso de acreedores, los administradores concursales de Mercasevilla fijaron en 26,6 millones de euros la deuda total de acreedores afrontada por la empresa, una cuantía copada por la sentencia de Sando. En ese sentido, el convenio de acreedores, recogido por Europa Press, contempla una quita del diez por ciento de la deuda global y un periodo de pago de tres años por parte de esta entidad participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento y el resto por Mercasa.

EL PAPEL DE MERCASA

El convenio de acreedores incluía además una oferta a Mercasa para que participase en la gestión conjunta del mercado central más allá de que en 2021 se disuelva la empresa según sus estatutos, con "las nuevas aportaciones de fondos necesarias que correspondan en función de su participación accionarial". Eso sí, aunque Mercasa respaldó el citado convenio, gozaba del "derecho de apartarse del proyecto o vehículo societario que corresponda, sin necesidad de realizar las nuevas aportaciones pendientes y en su caso con la garantía de devolución de las nuevas aportaciones que se hubieran realizado".

Finalmente, el convenio de acreedores implicaba la adquisición del porcentaje testimonial de acciones que poseía la asociación de mayoristas de fruta, verduras y hortalizas y el compromiso de "impulsar las modificaciones urbanísticas necesarias para el mantenimiento y continuidad de Mercasevilla en su ubicación o en un eventual traslado a unas nuevas instalaciones", pues los terrenos donde se asienta Mercasevilla, de titularidad municipal, están calificados como suelo residencial y la empresa lleva años con su posible reubicación sobre la mesa.

Ahora, después de que el Ayuntamiento adquiriese el 0,16 por ciento de acciones que poseía la asociación de mayoristas de fruta, verduras y hortalizas, el alcalde hispalense y el presidente de Mercasa han firmado un convenio en el que ambas partes se comprometen para la "continuidad indefinida" de la empresa gestora del mercado central bajo una sociedad completamente pública.

Espadas, además, ha recordado que Mercasevilla tiene ante sí la "decisión capital" sobre su continuidad en su actual emplazamiento o su traslado a una nueva ubicación, pues las actuaciones instalaciones del mercado central apenas reúnen los "requisitos" actualmente estipulados para estas actividades, necesitan "obras importantes" y los terrenos están calificados como suelo residencial según el planeamiento vigente.

Y aunque ante el hipotético traslado de Mercasevilla el valor de sus terrenos podría superar los 70 millones de euros, Espadas ha pedido no repetir la "controversia" derivada de dicha posible venta, recordando que se trata de decisiones que adoptará el consejo de administración de la empresa y asegurando que los fondos que se recabasen por la mencionada enajenación de los terrenos no serían usados "para fines distintos" a los de la propia actividad de la empresa.