A las 9.30 horas llegamos a los juzgados de la calle Angustias. De los 450 funcionarios que trabajan en Valladolid, a penas 20 cubren los servicios mínimos, el resto (un 96%) secunda la huelga.

"¡Compañeros!, no estamos de vacaciones, esto es una huelga", saluda a los allí presentes Antonio Luceño, un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal que lleva 36 años en el puesto. Decidimos que sea él quien nos guíe en una jornada de huelga. "Hay que estar aquí e implicarse en las acciones reivindicativas. Normalmente estamos un centenar, otros, van y vienen según el día", nos comenta.

"En la asamblea, de 10.00 a 11.30 horas, abordamos cómo está la situación, aportamos ideas, valoraciones y decidimos las siguientes medidas que vamos a adoptar, hoy vamos a la gerencia...venid con nosotros para ver", nos invita.

Antes de ir a la calle pancarta en mano, acudimos a ver el estado de los expedientes que se van acumulando y aprovechamos para charlar. "En mi caso, concreto, por ejemplo, gestionamos unos 12 desahucios a la semana, multiplica por las siete semanas que llevamos de huelga", ironiza. Saben que cuando todo llegue a su fin les tocará hacer horas y sacar el trabajo adelante, "dicen que cada semana de retraso se tarda un mes en poner al día, o sea que va para largo".

Antonio insiste en que es un problema que viene de largo, "no se trata de dinero, es por dignidad. De hecho, ni siquiera se dignan en sentarse a negociar, es lamentable".

Toca salir... gritan muchas consignas y se nota que han tenido tiempo, porque derrochan creatividad con el ministro Bermejo como blanco de la ironía. Le trasladamos una última pregunta, "¿hasta cuándo vais a estar así, lo soportan vuestra economía?

"Es una huelga general indefinida, no acabará hasta que consigamos la equiparación salarial. Todavía no nos han descontado nada, aunque pueden, probablemente este mes ya empecemos a notar la huelga en la nómina, pero como dice el dúo dinámico: resistire, erguido frente a todo".

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