La denuncia inicial de IU, recogida por Europa Press, señala un total de 24 facturas y avisa de reparos de la Intervención municipal a estas "facturas que se presentan por distintas empresas y proveedores para su cobro", pues "lo que se está haciendo es trocear las mismas para evitar el someter esa contratación a un procedimiento licitatorio que garantice en la selección del adjudicatario los principios de igualdad, publicidad y concurrencia".

La denuncia presta especial atención al caso de las comidas para los ancianos ordenadas por los servicios sociales municipales, porque para dicho aspecto "durante el año 2017 se ha abonado un total de 54.356 euros" a una misma empresa, fraccionando "por meses" este servicio al considerarlo como "menor". "En el año 2016 ha sucedido lo mismo y se ha vuelto a trocear las facturas mes a mes cuando el total de las mismas superan con creces la cuantía permitida a un contrato menor", indica la denuncia respecto a este servicio.

"Los distintos reparos que manifiesta la Intervención al pago de las facturas indicadas no han servido para que por parte de la Alcaldía se cese con esta practica. Muy al contrario, en el año 2018 se sigue manteniendo el mismo sistema de pago", avisa la denuncia, atisbando un posible delito de prevaricación.

Según IU, que promueve esta denuncia que han dado lugar a unas diligencias judiciales, tras ser incoadas estas diligencias en septiembre de 2018, "el procedimiento judicial se encuentra parcialmente bajo secreto de sumario" y el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional "ha tomado ya declaración a diversos funcionarios, a la concejala del partido socialista Encarnación Ramírez Tovar y al propio alcalde, Javier Fernández Gualda".

En ese sentido, critica IU que el Ayuntamiento se haya personado "como perjudicado" en la causa judicial, al sospechar de un intento de "entorpecer" la investigación, pues "la decisión ha sido tomada en la junta de gobierno, presidida por el alcalde, una de las personas presuntamente investigadas y a espaldas del pleno municipal, sin que la acción haya sido comunicada a ningún grupo municipal de la oposición".

"Entre las supuestas razones alegadas para la personación como perjudicado se ha esgrimido el grave menoscabo y perjuicio que, de comprobarse los hechos investigados, podía verse ocasionado al ayuntamiento de Gerena y poder exigir un futuro el resarcimiento", avisa IU, recordando que de los tres últimos alcaldes socialistas, dos fueron condenados por delitos urbanísticos.