El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Baleares, Antoni Alorda, ha insistido este martes en que las comunidades autónomas "tienen las competencias para desplegar normas de protección de medio ambiente", en referencia al recurso que interpondrá el Gobierno estatal ante el Tribunal Constitucional (TC) al entender el Ejecutivo central que parte del articulado de la Ley 9/2018 de Evaluación Ambiental de Baleares afecta a las competencias atribuidas al Estado.

"Nos gustaría un poco de sensibilidad más autonomista por parte del Gobierno del Estado, ya que a nuestro parecer no despliega la idea de que las comunidades tienen competencias para desarrollar normas adicionales de protección que están recogidas tanto en la Constitución Española como en el Estatut de Baleares", ha expresado Alorda en declaraciones a Europa Press.

Desde la cartera dirigida por Vicenç Vidal han sostenido que la Carta Magna otorga al Estado una normativa básica en materia de medio ambiente aunque han matizado que su despliegue a través de normas de protección adicionales corresponde a las comunidades autónomas. Además, ha señalado que la norma en cuestión somete "a todos los proyectos" en Baleares a un informe ambiental.

"En la Ley se somete a todos los proyectos en Baleares, sean del Estado, de un particular o de cualquier otro tipo, a una evaluación de impacto ambiental", ha añadido Alorda, quien ha recordado que dicho informe puede ser del propio Estado y que no es determinante.

"Nosotros sólo ponemos un listón que, posteriormente, se autoaplicará el Estado", ha reiterado.

En este sentido, desde Medio Ambiente han apuntado que la normativa autonómica establece qué tipos de proyectos deben pasar una evaluación ambiental y han insistido en que "aceptan" que los proyectos estatales "no pasen el informe" de Baleares.

"El Estado sostiene que sólo obedecerán a la ley estatal, y nosotros respondemos que la ley estatal marca un básico y que las autonómicas pueden desplegar normas adicionales de protección a todo el mundo, incluyendo el Estado", ha resuelto Alorda, quien ha celebrado que el Gobierno en funciones no haya impugnado otros aspectos de la Ley, como las evaluaciones de repercusión de los proyectos ubicados en la Red Natura.

"Debe haber un estudio sobre las repercusiones ambientales de diversos proyectos en el medio ambiente, un informe que no es determinante", ha zanjado Alorda.