El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha dicho que es "injusta" la imputación de la deuda del tranvía de 189 millones de euros que ha "impuesto" el Ministerio de Hacienda, lo que ha obligado a destinar 21 millones del remanente de tesorería a amortizar deuda y permitirá pedir hasta 27 millones de euros al Fondo de Impulso

Económico (FIE), que se abrirá en julio para para pagar sentencias condenatorias al Ayuntamiento.

Los 27 millones de euros es el máximo que se puede pedir, pero Rivarés ha estimado que con 8 millones será suficiente para pagar sentencias condenatorias por revisión de precios de FCC hasta 2013. El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento alcanzaría el 109 por ciento con los 27 millones y se quedaría en un 106 por ciento si solo se piden 8 millones. Ha recordado que la cuantía que se pide al FIE computa a deuda y tiene intereses.

"Es un ejercicio de absoluta responsabilidad pensando en el futuro de la ciudad y del próximo gobierno municipal que salga de las elecciones del 26 de mayo".

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha lamentado que se computen como pasivo financiero los 189 millones de deuda del tranvía que ha tenido consecuencias "reales y muy negativas" para impulsar proyectos de inversión.

Asensio ha considerado que el reajuste de este plan de deuda es "correcto y es una forma de mirar al futuro" para que el Gobierno de la ciudad afronte "con garantías" el hacer presupuestos expansivos e inversores "como necesita la ciudad".

SOLUCIONAR UN PROBLEMA

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha dicho que este reajuste era "obligado" y ha recordado que ya lo habían solicitado hace tiempo porque "la situación real es que los 189 millones del tranvía computan a deuda aunque no estemos de acuerdo".

Ha anunciado la abstención porque no resuelve la situación de endeudamiento a largo plazo pero da acceso al FIE. Ha afeado a Rivarés que no trajera ninguna medida solo la aplicación del remanente. "Podía haber hecho algo más porque acabará el año con un 109,96 por ciento de endeudamiento, que es justísimo", ya que el límite para pedir créditos es del 110 por ciento.

Le ha dicho a Rivarés que al mínimo incumplimiento desde Cs pedirán modificar el plan de reducción de deuda.

El concejal del PSOE, Javier Trívez, ha justificado el apoyo al manifestar que se trata de solucionar un problema "se esté a favor o no de la imputación de la deuda del tranvía". Igualmente, ha señalado que dedicar el remanente a pagar deuda es una "obligación legal" y ha advertido de que si se vota en contra se tendría que hacer un plan económico financiero.

La concejal del grupo municipal del PP, María Navarro, ha criticado que la izquierda "ha tragado" con la imputación del tranvía y han tenido que hacer un nuevo plan de reducción de deuda.

CONTENCIOSO

Navarro ha avanzado la abstención porque el PP no está de acuerdo con los datos al trasladar las cifras 2018 al de 2019 cuando habrá una reducción de ingresos por las bonificaciones en plusvalía impulsadas por los populares.

La edil popular ha precisado que las sentencias de FCC y las de la anterior contrata de autobús, Auzsa, son unos 70 millones de euros para señalar que "lo prudente" es que este plan viniera con un informe de Intervención detallando esa notificación de las sentencias condenatorias al Ayuntamiento.

Por su parte, Fernando Rivarés ha recordado que "las derechas" pidieron un nuevo plan de reducción de deuda, pero no hace falta como este Gobierno "ha demostrado". "Les hubiera encantado, pero la gestión de este gobierno ha sido buena porque se ha bajado del 120 al 91 por ciento el endeudamiento y ahora el Gobierno de Sánchez nos obliga a computar la deuda del tranvía y aun con eso se quedará en el 109 por ciento a finales de año".

Sobre la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Hacienda por la imputación de la deuda del tranvía, el consejero municipal ha recordado que entre instituciones la ley obliga a presentar un requerimiento y luego hay un plazo de respuesta.

"Si no nos conviene pondremos el contencioso al Ministerio de Hacienda. Es una obligación ética de las 31 concejalas para evitar que nos imputen algo que no es real y no le toca a Zaragoza diez años después", ha apostillado Rivarés.