Las organizaciones sindicales asturianas han echado en falta que el Real Decreto Ley del Gobierno que obligará desde el próximo 12 de mayo a las empresas a un control de la jornada real de los trabajadores no ofrezca garantías, al dejar en manos del empresario el sistema de cómputo horario a seguir en caso de no llegar a acuerdos con los sindicatos.

"El Gobierno se lava las manos", ha opinado, en declaraciones a Europa Press, el secretario de Acción Sindical de CCOO en Asturias, Gilberto García Buelga, después de dejar claro que este decreto no cumple "ni de lejos" las expectativas y con carácter general, "no va a servir para nada", ha sostenido.

Ha incidido, por otro lado, en que la media no solo tiene que ver con que el trabajador haga un exceso de jornada que no se le retribuye, sino que también queda sin cotizar a la Seguridad Social, lo que supone una merma de ingresos para las arcas del Estado.

El Real Decreto-ley, además, no recoge la obligación de informar a la representación de los trabajadores o al propio trabajador, por lo que habrá que llevar esta cuestión a las respectivas negociaciones colectivas para que esta medida sea "efectiva".

En el caso de UGT, la secretaria de Política Sindical en Asturias, Mar Celemín Santos, ha incidido, en declaraciones a Europa Press, en que si bien el control efectivo de la jornada era una reivindicación histórica de UGT, el decreto aprobado por el Gobierno es "insuficiente".

DECRETO "UN POCO FLOJO"

Según ella, el texto normativo rebaja de manera importante las garantías y la efectividad de la medida, ya que no dice cómo se va a cumplir y no hay establecido un mecanismo de control. Ha recalcado que, en caso de desacuerdo, el empresario decide. "Queda un poco flojo", ha lamentado.

También ha criticado que no se obligue a informar periódicamente a los representantes de los trabajadores, y ha recalcado que son estos, en cambio, quienes tienen que solicitar esa información. Celemín Santos ha visto necesidad de incluir en los convenios nuevas cláusulas sobre esta cuestión.

A esto ha sumado que el régimen sancionador no desincentiva el incumplimiento de la norma, ya que el Gobierno lo único que ha hecho es modificar la ley e incorporar como falta grave no llevar a cabo este registro. La sanción, en el peor de los casos, apenas superaría poco más de 6.200 euros. Con todo, a UGT le satisface que se haga un control diario de la jornada, pero lamenta que se haya perdido una oportunidad de regularlo con más garantías de efectividad.

En el caso de USO,

su coordinador en Asturias, Juanjo Estrada, ha llamado la atención, en declaraciones a Europa Press,

sobre que, aunque

en el fondo el objetivo de la medida tiene una intencionalidad positiva, como es tratar de atajar el fraude de las horas extra no cobradas, el decreto, tal y como está planteado, es "totalmente inservible".

PASARSE LA PELOTA

Para Estrada, este se trata "de una declaración de intenciones" y ha incidido, entre otras cosas, en que el texto deja en el aire cómo aplicar ese registro horario, y "pasa la pelota" a la negociación colectiva, algo que ya se podía hacer antes de este decreto, según él.

Además, ha recalcado que "fichar" ha existido toda la vida en España y se ha demostrado que no ha sido la solución al fraude horario, por lo que, ante un escenario de mercado laboral "cambiante", a veces incluso sin centro de trabajo físico, les parece que "recuperar una medida del siglo pasado es querer tapar el sol con un dedo", ha ironizado.

Han remarcado, además, la dificultad que se suma en el caso de las pequeñas empresas, que son la inmensa mayoría en el país y que no tienen fuerza sindical interna ni siquiera para negociar la aplicación del registro.

Para USO, el decreto debería haber sido "mucho más específico" y establecer ya las pautas en su articulado.

Si ven positivo, por un lado, que esos registros deben estar a disposición de la Inspección de Trabajo durante cuatro años, pero han matizado que esta solo los pedirá durante un control rutinario de oficio o previa demanda de un trabajador. El registro, a juicio de USO, será una prueba, pero no el mecanismo de denuncia.

Por parte del secretario general de CSI, Nacho Fuster, este ha valorado la implantación de los fichajes, ya que a través de inspección será más fácil la comprobación de las horas efectivas de trabajo y así evitar la precariedad y los fraudes en los contratos.

Según él, también se podrá comprobar la cotización de todas las horas trabajadas y así evitar el fraude a la Seguridad Social. Ha advertido, eso sí, que si algo se hace mal o hay dudas, se denunciará a Inspección de Trabajo.

SOBRECARGA BUROCRÁTICA

La patronal, por su lado, también se ha quejado de la configuración de esta norma, que no parece contentar a nadie, al tiempo que tampoco creen que vaya a tener una gran utilidad. Por su parte, el responsable de los servicios jurídicos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE),

Ignacio García, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que las empresas están expresando muchas dudas sobre cómo cumplir la ley en el caso de las ocupaciones que conllevan variaciones horarias, de lugar de prestación de los servicios o que implican desplazamientos continuos.

Según él, no es tanto una cuestión teórica, sino la necesidad de resolver dudas de cómo implantar un sistema que conjugue el registro diario de todos los trabajadores con las garantías necesarias tanto para la empresa como para el trabajador.

También ha opinado que la norma incrementa la carga burocrática de las empresas y suscita también el temor a recibir sanciones porque la regulación no concreta cómo cumplir la obligación en determinadas circunstancias. A este respecto, ha incidido en que el desarrollo normativo previsto para determinadas profesiones, que debería resolver algunas de esas cuestiones, no se ha publicado, ni se prevé que lo vaya a ser en breve.

"Desde un principio hemos dudado de la eficacia de esta medida y abogamos reforzar la labor de la Inspección de Trabajo, sin aumentar las cargas sobre las empresas", han apostado desde FADE.

Femetal, por su lado, ha coincidido en que este Decreto Ley está generando "una gran preocupación" en el ámbito empresarial, de ahí que vayan a organizar talleres prácticos para los asociados sobre la nueva norma.

Asimismo, han recalcado que si bien la disposición legal remite a la negociación colectiva o acuerdo de empresa la organización y documentación de ese registro de jornada, en tanto ello no suceda, las empresas necesitan contemplar todas las variantes de cumplimiento de los horarios existentes, tanto dentro como fuera del centro de trabajo.

En el caso del Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar, su director general, Juan Díaz, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que las principales empresas del sector en Asturias están adaptadas a este sistema de control horario desde hace tiempo, mientras que las más pequeñas están estudiando las opciones e incorporándolas con normalidad a su día a día, ya sea con sistemas automáticos o firma en papel. Con todo, les parece una medida "acertada".

"Estamos preparados para ello", ha señalado, por su parte, desde la Unión de Comerciantes del Principado Luis Ángel Castro, graduado social. Castro ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que sus los asociados -entre 850 y 900- llevan unos dos años preparándose ante esta posibilidad.

Es por ello que se les remitió una planilla para registrar la jornada de los trabajadores, aunque luego cada uno pueda implantar otro sistema. Eso sí, han incidido en que para el sector supone un trámite administrativo más. Además de la circular enviada a sus asociados -aproximadamente la mitad tiene empleados-, impartirán un taller sobre la aplicación del decreto.