Así lo ha indicado a los medios tras comparecer como investigado en el Juzgado de Instrucción 1 de Castelló, que le citó el pasado mes de febrero a declarar en el marco de la causa relativa a una supuesta trama de facturas falsas en la Subdelegación del Gobierno en esta provincia. Lorenzo presentó la semana anterior a su citación la renuncia a sus cargos.

"Nunca, nunca, nunca ni en la Subdelegación de Gobierno, ni antes, ni después, ni en mi vida pública, ni en mi vida privada he insinuado, he sugerido y desde luego no he dado instrucciones, para que se indique en una factura o en la documentación que acompaña a una factura, aquello que no es lo que realmente representa", ha manifestado.

A su salida de la citación, ha declarado ante los medios de comunicación que ha trasladado al juez las respuestas a las preguntas que ha ido planteando en relación con distintos aspectos de la gestión económica de la Subdelegación, aunque ha apuntado que tenía en aquella época una actividad "muy intensa y hay cuestiones pues que realmente no recuerdo".

El exsubdelegado socialista ha aseverado que "es una certeza moral y condición absoluta" que "nunca" en el recorrido de su vida se ha "prevalido del cargo institucional o público para obtener ningún beneficio privado ni para mí ni para mi familia".

Con esto, Lorenzo ha hecho alusión a "informaciones referidas a determinados gastos en vestuario" y ha reafirmado que "en absoluto" él y "desde luego nadie" de su entorno personal "ha obtenido el más mínimo beneficio de esas circunstancias".

Además, el exsubdelegado ha admitido sentirse "profunda y doloridamente defraudado porque algún funcionario en quien confiaba, que tenía lealtad en la administración pública, y lealtad al interés ciudadano y de la administración, defrauda esa confianza". Y también ha indicado al respecto que el comportamiento de dicho funcionario "no es en absoluto aceptable en un servidor público".

Antonio Lorenzo ha remarcado que, por su parte, seguirá trabajando "para manifestar y expresar y defender mi honorabilidad, que es lo único que tengo".

Finalmente, preguntado por si se siente haber sido tratado desde el inicio del caso como el único acusado hasta la citación como investigado de David Barelles, que fue subdelegado con el PP, ha declarado que ha vivido su proceso "con dolor en algunos momentos, pero con la convicción de que eso no era así". En todo caso, ha apelado a tener "prudencia, porque es una causa muy compleja, que va a tener recorrido en el tiempo".

El Juzgado citó en marzo a declarar en calidad de investigado a Barelles (PP) en el marco de la misma causa, con la atribución inicial de la comisión de delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.

A juicio de Lorenzo, "hay que colaborar en el trabajo de la administración de justicia" para que la cuestión "se aclare más pronto que tarde" y también ha insistido en que "no hay nada peor en la gestión de un funcionario que el que se defraude la confianza que la ciudadanía pone en él".

El principal investigado en la causa es un funcionario que ejercía como habilitado de la Subdelegación. La investigación judicial trata de determinar si existió una malversación de dinero público en el pago de facturas por parte de la Subdelegación del Gobierno en Castellón a distintas empresas proveedoras.

La causa, que fue abierta en 2017 por delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos y está declarada compleja, se dirige contra más de 34 personas, entre ellas ese funcionario.