Huelva, en contra de La Manada
Manifestación en Huelva en protesta por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco miembros de La Manada. Julián Pérez / EFE

El aumento de las denuncias de acoso sexual en los juzgados de Barcelona ha sido exponencial de 2017 a 2018, pasando de los 152 casos de 2017 a los 427 del año pasado, un 180% más. El incremento tan elevado de las denuncias de este tipo de delitos ha sido en cuatro años del 2.272% (en 2014 se registraron solo 18) y ha contribuido notablemente a que las cifras de delitos sexuales investigados en 2018 sean de 1.795 casos, un 26% más que en 2017, con 1.424.

Lo indica la memoria de los juzgados de Barcelona correspondiente al año pasado y presentada este jueves en la Ciutat de la Justícia por parte de la jueza degana, Mercè Caso, quien ha recordado que el aumento del 26% de los delitos sexuales investigados se debe, primordialmente, a que hay "más denuncias" y no necesariamente a que se produzcan más casos, puesto que en este tipo de delitos precisamente "muchas veces no se denuncian". Por lo que el aumento detectado "no es necesariamente negativo".

37 causas por violación

Por tipología de delito sexual cometido e investigado, los de agresión sexual subieron un 31% de 2017 a 2018 (de 943 a 1.235) mientras que los de abuso sexual, en cambio, bajaron un 67% (de 326 a 106). Se abrieron 37 causas por violación mientras que en 2017 se investigaron tan solo 3.

Otro incremento importante constatado, de un 30%, corresponde a órdenes de protección dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, de 381 en 2017 a 498 el año pasado. Este procedimiento se ha reforzado con la entrada en funcionamiento hace dos años de un protocolo de unidades forenses para una mejor valoración integral del riesgo al que se expone la víctima y que permite, en opinión de Caso, "realizar una fotografía de largo recorrido" de la situación familiar de la mujer y que "dota de mayores y mejores herramientas al juez a la hora de dictar una resolución adecuada".

Hasta 110 denuncias por agresiones en el ámbito doméstico se recibieron en los juzgados de Barcelona en 2018 frente a las 31 denuncias interpuestas en 2014, un incremento del 254% en cuatro años.

Más desahucios por impago del alquiler

Desde el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han atribuido a "un mayor peso del aumento del impago de los alquileres de pisos" la subida de los lanzamientos de viviendas no hipotecarios, también aplicables a okupaciones, que han pasado de los 2.873 casos gestionados en 2017 a los 3.990 en 2018, un 38,8% más, en gran parte gracias a los cambios legislativos que agilizan el proceso. En cambio, los lanzamientos derivados de procedimientos hipotecarios continúan su tendencia a la baja (en 2017 fueron 35 y en 2018 solamente 23).

Estos desahucios por impago u okupación se llegan a suspender hasta en cuatro ocasiones de media antes de hacerse efectivos debido a la incapacidad de actuar por parte de las comisiones judiciales por la presión de entidades vecinales o del derecho a la vivienda. Por ello, de los 4.880 lanzamientos dispuestos solo fueron positivos, es decir, efectivos, el 45% (2.197). 

Nuevo juzgado de guardia para los delitos leves por hurto

Caso ha celebrado este jueves que haya entrado en funcionamiento un nuevo juzgado de guardia en Barcelona para tratar los delitos leves por hurto, que con la última reforma legal se tratan como juicios inmediatos en lugar de como faltas. Este tipo de casos se juzgarán, con este refuerzo, en mes y medio en lugar de en el plazo de 10 meses actual. Fueron 11.574 casos en 2018 y 12.211 en 2017, un 5,5%.

Ampliar la Ciutat de la Justícia

Mercè Caso ha reclamado este jueves que se comience a plantear una "ampliación" de la Ciutat de la Justícia, un complejo que a pesar de ser "grande y funcional" comienza a  padecer problemas de espacio que obligan a mezclar juzgados de diferentes jurisdicciones. La falta de metros cuadrados está afectando ya a las salas de espera para juicios sociales. Además, los hasta cinco nuevos juzgados civiles que harán falta en un plazo de dos o tres años ya no podrían alojarse en las actuales instalaciones.

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