Aumente ha explicado en un comunicado que "la adenda a la que se opusieron PP y Ciudadanos amplía hasta el 30 de junio de 2020 el plazo concedido para acometer una inversión que, originariamente, se había contemplado para la primavera de 2016, pero que, debido a los incumplimientos de la empresa adjudicataria y su posterior concurso de acreedores, ha sido imposible de adjudicar hasta la fecha".

El tercer teniente de alcalde ha señalado que, "a la deslealtad del PP y Ciudadanos para con los intereses de la ciudad hay que sumar la irresponsabilidad del PP, bajo cuyo gobierno se aceptó el regalo envenenado del Parque Joyero, así como la adjudicación de su obra a una empresa fallida", recordando que, "solo por responsabilidad institucional", el actual gobierno municipal de PSOE e IU "aceptó continuar con las obras, a pesar de estar convencido de las dificultades que se iban a plantear".

Respecto a la addenda, el delegado de Presidencia ha indicado que, como novedad, la misma encomienda los trabajos a la sociedad pública Tragsa, lo que viene a representar "un recurso extraordinario para garantizar la finalización de la obra, comprometida hasta ahora, como otras de la importancia de la Normal de Magisterio, por la mala praxis de las empresas adjudicatarias, algo que ha ratificado el propio Consejo Consultivo".

Emilio Aumente ha recordado a PP y Cs que "no es lo mismo rescatar una obra que hacerla de nuevo", y ha querido dejar claro al PP que el hecho de que sea Tragsa la que asuma el fin de la obra no implica "salvarle la cara al Ayuntamiento, sino salvársela al PP, que la adjudicó a una empresa incapaz de cumplir sus compromisos".

Además, Aumente ha asegurado que Tragsa, al contrario de lo que opina Cs, "no se convierte en competencia del sector privado, ya que, si las empresas a las que se adjudican las obras públicas en función de sus ofertas cumplieran con sus compromisos pues no estaríamos en esta situación", añadiendo que "lo que no se puede consentir es el chantaje permanente al que las administraciones están siendo sometidas por muchas de las empresas adjudicatarias de obras públicas".

La consecuencia, según ha concluido, es que, "lamentablemente una empresa pública tendrá que ser de nuevo quien solucione un problema que el sector privado no ha sido capaz de resolver".