El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, propietaria de la finca, adquirió la parcela "con pleno conocimiento de su situación urbanística y sin haber estado nunca dada de alta en una actividad agrícola o ganadera", siendo su voluntad la edificación de una vivienda de carácter residencial.

Para ello presentó ante el Ayuntamiento de Piloña una solicitud de licencia municipal de obras para la construcción de una caseta de aperos de 8 metros cuadrados en la parcela, que le fue autorizada. Una vez conseguida la licencia, apartándose totalmente de la misma, realizó un movimiento de tierras para acondicionamiento de la finca y ejecución de camino de entrada en el interior de la parcela, para lo cual ni tuvo ni solicitó posteriormente licencia alguna.

Así, con el segundo acusado como constructor, erigió una edificación destinada a vivienda unifamiliar aislada de 129,73 metros cuadrados. Según la Fiscalía, el constructor llevó a cabo las obras "a sabiendas" de que la propietaria de la finca carecía de las licencias para ello. Además la finca no era urbanizable de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Piloña.