El alcalde de la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra y candidato a las próximas elecciones municipales, Ángel Luis García Yuste (PP), ha sido condenado a siete meses de prisión y otros tantos de inhabilitación política por un delito de falso testimonio. Además, según la sentencia del juzgado de lo Penal número 27 de Madrid fechada a 15 de abril a la que ha tenido acceso 20MINUTOS, deberá abonar una multa durante cuatro meses de diez euros al día, con arresto sustitutorio en caso de impago.

Los hechos se remontan a 2013. García Yuste fue llamado a declarar en mayo de aquel año como testigo en un juicio contra dos de sus arquitectos municipales, que terminaron condenados por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios al aprobarse a sí mismos expedientes administrativos sobre proyectos de urbanización que iban a ejecutar desde su estudio de forma "particular", algo incompatible. Para intentar exonerarlos, el ya entonces regidor -llegó al poder en 2003- negó que hubieran tenido "poder de decisión" alguno en esos trámites.

Según razona la jueza, tras celebrar una vista oral y visionar las grabaciones de su declaración de hace cinco años, en aquella ocasión, García Yuste "faltó a la verdad, no careciendo ello de trascendencia penal, al tratarse de una falsedad sobre el objeto del procedimiento, afectando al núcleo jurídico del asunto" y, todo ello, "después de haber sido advertido legalmente de las consecuencias" de mentir. La magistrada apunta que, en 2013, el alcalde testificó "retorciendo las preguntas que se le hacían, planteando otras y contestando extremos que no se le habían preguntado, para en definitiva, conseguir su propósito de no afirmar que el Sr. Martínez Diaz [uno de los arquitectos] había intervenido tanto a título particular, como de arquitecto municipal en la tramitación y aprobación de los expedientes administrativos". 

García Yuste tiene pendiente de señalamiento un segundo juicio por falsedad documental fruto de aquel mismo proceso, conocido por la prensa local como el 'caso de los arquitectos'. La Fiscalía le imputa este supuesto delito al considerar que hay "indicios suficientes" de que, para reforzar su testimonio, el informe que el alcalde presentó como "prueba exculpatoria" de estos dos trabajadores en 2013 estaba en realidad fabricado al llevar la firma de un tercero.

Pese a conocer su situación procesal, la aspirante del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la gestora que dirige el partido madrileño, Pío García Escudero, volvieron a confiar en él para revalidar su mayoría absoluta en los próximos comicios. De hecho, le arroparon a comienzos de año en un acto al que acudió ya como doble investigado. 

Entonces, la formación rehusó dar explicaciones sobre su decisión de apostar por este representante. Ahora, está en manos del regidor recurrir la sentencia. Si no lo hace, la condena será firme y, por tanto, él será automáticamente inhabilitado, con lo que no podrá concurrir a las municipales. Si, en cambio, decide dar la batalla legal sin dimitir, su futuro político quedará, de nuevo, a merced del respaldo que le pueda prestar el partido. Fuentes del PP puntualizan que, una vez cerradas las listas ante la Junta Electoral, solo cabría exigirle su salida (o, eventualmente, el acta), pero descartan la expulsión de la formación.