GOBIERNO DE CANARIAS

Por ello, y durante una reunión con inquilinos, ha pedido "tranquilidad y confianza porque el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, pondrá a disposición todas las herramientas para que, aquellos que lo soliciten, puedan acceder a la transmisión de sus pisos en el menor tiempo posible".

El Gobierno de Canarias, aseveró el presidente, lo que ha tratado siempre es de "encontrar la fórmula que permita a los vecinos adquirir su vivienda en las condiciones más ventajosas y con el precio más bajo que permita la ley" y confirmó la "firme voluntad de que se descuente del precio final establecido a cada vivienda el descuento pagado por los vecinos por el alquiler".

"El Gobierno de Canarias tiene la firme voluntad de transmitir las viviendas en el marco de la legalidad", aseveró. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido; y la directora general de Vivienda, Pino de León, quienes acudieron también a la reunión, explicaron que se han analizado los diferentes informes y dictámenes en esta dirección.

"Hemos solicitado una consulta vinculante a la Hacienda estatal para esclarecer los efectos fiscales de la compraventa, tanto para la empresa como para los adquirentes, de modo que nos permita establecer las condiciones más ventajosas posibles", sostuvo Valido.

"El Gobierno iniciará el procedimiento para la transmisión de las viviendas a los adjudicatarios en las mejores condiciones fomentando el acceso a la propiedad de las mismas con todos los informes preceptivos a que haya lugar", afirmó De León.

PRÓXIMA REUNIÓN CON VECINOS DE LA LAGUNA

El presidente del Gobierno se reunirá también con los vecinos de La Laguna en los próximos días para transmitirles el firme propósito del Gobierno de culminar el procedimiento ya iniciado para la transmisión de la propiedad de las viviendas en las mejores condiciones de venta y en un plazo breve de tiempo, inmediatamente después de recibir la respuesta del Ministerio de Hacienda.

"Todo ello se hará en el marco de la legalidad, bajo los procedimientos e informes preceptivos y en el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad jurídica de la transmisión", aseveró el Gobierno a través de un comunicado.

"Lo que queremos es que quede clara la disposición de la empresa pública de transmitir la propiedad a sus actuales inquilinos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para ser adquirente de vivienda protegida", explicó la directora.

Hay que recordar, no obstante, que el contrato de arrendamiento firmado en su momento "es un contrato de alquiler, y no uno de alquiler con opción a compra, por lo que hay que buscar la fórmula más apropiada y establecer los precios adecuados para este tipo de viviendas", concluyó De León.

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