Así lo ha manifestado en una nota después de que Fernando Clavijo haya prestado declaración ante la juez que instruye el caso grúas, Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna, y a raíz de que el presidente de Canarias se haya negado a contestar a las preguntas de la acusación popular.

Ascanio cree que Fernando Clavijo ha realizado "un cambio de estrategia procesal significativo, reconociendo elementos mal gestionados pero atribuyéndolos a ese personal que estaba por debajo de su situación cuando era alcalde". Lamentó, por otra parte, que el presidente canario se negase a responder a las preguntas de los abogados de la parte denunciante: "No ha querido dar explicaciones a preguntas incómodas que evidentemente no sabía contestar, como se puede acreditar en su declaración".

Con respecto a los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, el edil sostiene que Clavijo "hizo un relato exculpatorio, alegando que solo conocía a dos de los propietarios por su vínculo con el kárate y que a otro lo había casado y era esposo de una extrabajadora de su empresa". Recuerda, además, que en noviembre de 2017 otro de los propietarios "señaló que había trabajado en Leroy Merlín, donde conoció a Tomás Febles, persona que compró la empresa de Clavijo y donde también trabajaba el exalcalde lagunero antes de su etapa política".

"No solo trata de señalar a otros responsables técnicos y políticos, además en su declaración trata de hacer referencia continuada al voto favorable al procedimiento de privatización y al método elegido por parte de los responsables de PSOE y PP en ese momento del año 2004", manifiesta Ascanio, que considera que es "un burdo intento de generar humo ante una decisión que es claramente suya, siendo el primer documento del expediente de las grúas su escrito de 2003 en el que apuesta por este proceso privatizador, clave para poder colocar a personas afines sin proceso de selección oficial alguno".

El portavoz de Unidas se Puede ve "escandaloso" que un presidente del Gobierno "mienta en sede judicial al decir que no le consta que el concesionario incumplía el pliego o no sabiendo que en caso de incumplimiento se deba resolver el contrato", ya que, según Ascanio, "hay una treintena de escritos presentados por registro oficial por parte de los trabajadores entre 2012 y 2014 en los que claramente describen los incumplimientos y sus efectos, casi todos iban dirigidos al propio Fernando Clavijo".

En su opinión, otro elemento que destaca de la declaración de Clavijo "es la voluntad de señalar a los responsables de la intervención del servicio y al propio interventor municipal como presuntos autores de inacciones en sus actos que facilitaron procesos como el del préstamo o la prórroga del servicio".

Indica que los escritos de los interventores previos a la prórroga ya hablan de la posibilidad de no mantener el servicio en manos de Autogrúas Poli SL, pero Unidas se Puede cree que en esto, como en otros aspectos, "primó el interés particular de preservar los bienes de los propietarios de la empresa sobre el interés general".

Finalmente, el concejal considera que que es "muy peligroso y dañino para la imagen de Canarias que Fernando Clavijo siga al frente del archipiélago, siendo un cargo público que se justifica en sede judicial con que él firma lo que le proponen, responsabilizando por tanto a sus subalternos de las decisiones tomadas".