En nota de prensa, ha sostenido que la subida "unilateral y sin negociación alguna" del SMI para 2019 mediante Real Decreto 1462/2018 "ha supuesto un duro golpe para muchas empresas", al incrementar "notablemente" los costes salariales y sociales "sin que tal subida sea derivada de una mejora de la productividad y la cifra de negocio".

"El riesgo real de que muchas empresas no puedan soportar este incremento de costes y se vean obligadas a realizar despidos o, incluso, al cierre, tiene una vertiente aún más peligrosa", ha señalado en relación a aquellas empresas que resultaron adjudicatarias de concesiones de prestación de servicios o ejecución de obras por parte de la administración antes de que se hubiera aprobado la subida del SMI.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha explicado al respecto que dichos contratos de concesión recogían en sus pliegos unas previsiones en lo referente a costes laborales "que se han visto totalmente alteradas al alza con efectos 1 de enero de 2019".

RUPTURA DEL EQUILIBRIO FINANCIERO

Así pues, ha puntualizado, la elevación del SMI a 900 euros "rompe el equilibrio financiero necesario en estos contratos", lo que puede conllevar, "de no mediar solución", que o bien la prestación no se realice en los niveles de calidad y eficacia "exigidos" o bien que la empresa "cargue con el sobrecoste con riesgo de ir a la ruina y el cierre".

Por ello, Peinado ha señalado que las empresas concesionarias "se enfrentan a un dilema de imposible solución", "o siguen adelante con el contrato y trabajan 'a pérdidas' con todo lo que ello supone, o renuncian al contrato y entonces se enfrentan a un expediente de resolución largo y complejo, además de a posibles indemnizaciones por daños causados". "E, incluso, a penalizaciones como la de no poder contratar con la administración durante un periodo de tiempo", ha agregado.

"Todo ello derivado de una situación en la que las empresas son víctimas de un cambio normativo no pactado ni previsto", ha valorado la Creex, que "a la vista de esta situación" ha instado a la Junta de Extremadura, a las diputaciones y a los ayuntamientos extremeños, "en tanto adjudicadores de contratos públicos", a buscar una solución que evite "males mayores".

En su opinión, esta solución, "la menos mala", podría ser la resolución de los contratos aplicando la 'cláusula de progreso normativo', "es decir, dejar sin efecto el contrato sin que ello penalice a la empresa concesionaria y volver a realizar la licitación con un pliego que ya recoja la subida del SMI a la hora de calcular el equilibrio económico", ha incidido.

"No actuar, es decir, aplicar el 'dontancredismo' supondrá, a buen seguro, el incumplimiento, la ejecución ineficaz o la quiebra de la empresa, con los perjuicios que ello supone para los trabajadores, que contravendría el propio principio de contratación estratégica de carácter social que propugna el artículo 1 de la Ley de Contratos", ha concluido.